* Rebrote de violencia y delitos de alto impacto
* Ajustar política de seguridad y orden público
La leve disminución en el número de homicidios que se registró en 2022 debe ser analizada desde distintos flancos. Es positivo en todo caso que el año pasado se hayan registrado, de acuerdo a las estadísticas del Ministerio de Defensa, 264 muertes violentas menos que en 2021. Esto confirma que se mantiene la tendencia a la baja en materia de pérdida de vidas por causas externas en nuestro país, que estaría ya en una tasa de alrededor de 26 homicidios por cada 100 mil habitantes. Si se recuerda que al comienzo de este siglo ese indicador rondaba los 70 asesinatos en la misma rata poblacional, el avance es alentador.
Sin embargo, es obvio que no se puede celebrar que el año pasado en Colombia se registraran 13.896 homicidios, de los cuales 13.351 correspondieron a civiles, es decir personas ajenas a la Fuerza Pública. Igualmente preocupa que 26 masacres dejaran 125 víctimas mortales. Si a esto se le suma lo advertido días atrás por la Defensoría del Pueblo, en torno a que el año pasado se marcó un lamentable récord de homicidios de líderes sociales y defensores de derechos humanos (que llegó a 215, la cifra más alta desde 2016), es evidente que estamos ante un panorama preocupante en materia de respeto y salvaguarda del derecho más sagrado de todos, el de la vida.
Ese volumen de homicidios se debe a dos elementos principales. De un lado, al deterioro de la seguridad y el orden público en distintas regiones. En estas mismas páginas advertíamos semanas atrás sobre el preocupante panorama que se podía derivar de los informes más recientes del Ministerio de Defensa, Indepaz, Human Rights Watch, la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, la Misión de Observación Electoral y la misma Defensoría. En estos informes se alertó sobre el aumento de acciones violentas del Eln, grupos residuales de las Farc y bandas criminales de alto espectro. También sobre el aumento del desplazamiento y confinamiento forzado de población, así como sobre asesinato de líderes sociales, desmovilizados, campesinos y civiles en general. La pelea por el dominio de los corredores estratégicos del narcotráfico y otras rentas ilegales continúa siendo la causa principal de este rebrote de la violencia.
La otra causa principal de los homicidios en Colombia es la inseguridad urbana. Los informes de la Fiscalía, Policía y demás autoridades, así como los reportes de las alcaldías evidencian datos alarmantes sobre incremento en delitos de alto impacto, especialmente en lo relativo a hurtos con violencia, microtráfico, violencia intrafamiliar, riñas, secuestro, extorsión y otros. A ello se suma la alarma en varias de las principales capitales del país por el aumento de los casos de sicariato.
Visto todo lo anterior, queda en evidencia que la estrategia de convivencia ciudadana y orden público tiene que ser reforzada. Es claro que se requiere una acción más contundente de las Fuerzas Militares y de Policía en la persecución activa y permanente de los factores de delincuencia común y organizada. Es innegable que en varias ciudades principales y municipios de distinto tamaño la criminalidad está aumentando su radio de acción, no solo por confuso el impacto del cese el fuego suscritos por el Gobierno con distintos actores armados dentro de su política de “paz total”, sino porque hay una mutación cada vez más compleja y marcadamente urbana de carteles del narcotráfico, bandas de alto espectro y redes de delitos de alto impacto.
Está claro, igualmente, que la Ley de Seguridad Ciudadana, que cumplió esta semana un año de vigencia y tenía como principal objetivo atacar la reincidencia criminal, el desborde violento de la protesta social y los delitos perpetrados con violencia extrema, necesita ser ajustada. No de otra manera se puede entender la constante controversia entre fiscales, jueces, víctimas de delitos y autoridades civiles.
Como se ve, aunque debe destacarse que la tasa de homicidios haya disminuido el año pasado, las 13.896 vidas perdidas en circunstancias violentas exigen de las autoridades una aplicación más decidida de la ley y el orden como fundamento básico de la legitimidad institucional y el cumplimiento del principio rector del Estado en cuanto a proteger la vida, honra y bienes de los colombianos.