Cuando se pensaba que esperaría a la reunión con el presidente Gustavo Petro, el 30 de este mes, para hablar sobre las dudas que tiene ante los acercamientos del Gobierno con grupos armados dentro de su política de paz, el fiscal general, Francisco Barbosa, señaló ayer en Estados Unidos, a donde viajó para entrevistarse con autoridades judiciales, que nunca se hizo un cese el fuego con estructuras narcotraficantes. Incluso, que sería como llevarlo a cabo con Pablo Escobar.

Barbosa Delgado sostuvo encuentros con el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ); con Merrick Garland, fiscal general de ese país; y con Kenneth Polite, fiscal general adjunto, jefe de división penal de DOJ, para tratar diversos temas de cooperación judicial. 

“Nunca antes se había hecho un cese bilateral con organizaciones de narcotraficantes, es como hacer un cese bilateral con Pablo Escobar o con el Cartel de Cali”, apuntó el fiscal general. 

Añadió que “esos decretos tienen que ser revisados desde el punto de vista de lo que implican para la operatividad del país; el artículo segundo de esos decretos plantea que se cesan operaciones de policías y militares”. 

Barbosa también se refirió a la solicitud que hizo el Gobierno nacional a la Fiscalía, de suspender las órdenes de captura contra 16 integrantes del ‘Clan del Golfo’ y de ‘Los Pachenca’ para designarlos voceros en los diálogos que la administración Petro espera iniciar con esas organizaciones, con miras al sometimiento a la justicia. 

Dijo el fiscal general que entre los 16 sujetos, hay cuatro solicitados en extradición por Estados Unidos y uno por España. 

Sin embargo, vale recordar que Barbosa se negó a levantar las órdenes de captura solicitadas por el Gobierno, pues consideró que el presidente Petro no cuenta con una norma que permita designar voceros que hagan parte de grupos sin estatus político. 

Otra cosa considera el Gobierno. El ministro del Interior, Alfonso Prada, dijo en días pasados que “la Ley 2272 del 2022, que aprobó el Congreso de la República, facultó al presidente de la República para que pudiera avanzar en el proceso de diálogos de paz con organizaciones que se les reconoce estatus político y, con conversaciones exploratorias, con diálogos, con organizaciones, estructuras de alto impacto, armadas, del crimen, que se mueven en la economía ilegal, con miras a que se avance en ese proceso de sometimiento”. 

Precisamente la reunión que tienen prevista el presidente Petro y el fiscal general es para buscar claridades en esta controversia, de tal forma que el Gobierno pueda adelantar las estrategias de su política de paz, pero dentro de los límites que fija la Constitución, como lo ha advertido Barbosa.  

El pasado 20 de enero, el presidente Petro dijo desde Suiza, a donde fue al Foro Económico Mundial de Davos, que “he conversado con el fiscal general, él tiene razón en algunos temas, conversaremos personalmente el 30 de enero para evitar discordias institucionales en el camino de la paz, que es el derecho de la sociedad colombiana”. 

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Violación de cese el fuego 

El Gobierno anunció que acordó un cese el fuego bilateral durante este semestre con la ‘Segunda Marquetalia’, las disidencias, el ‘Clan del Golfo’ y el grupo Sierra Nevada. 

El presidente Petro dijo que el cese bilateral el fuego también era con el Eln, pero esta guerrilla señaló que el tema no fue acordado. 

A propósito del cese el fuego bilateral, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, reveló ayer que “entre el 1 y el 20 de enero de 2023, la Defensoría del Pueblo monitoreó y verificó la ocurrencia de seis acciones después de emitidos los decretos por el Gobierno nacional de cese al fuego, cinco de ellas por acciones de los grupos armados ilegales que se acogieron a la propuesta del Gobierno”.

Agregó el defensor que todos los hechos ocurrieron en el suroccidente del país y, presumiblemente, habrían involucrado a facciones disidentes de las antiguas Farc-EP adscritas al Comando Coordinador de Occidente, macroestructura que se presume parte del denominado ‘Estado Mayor Central’, y en un evento, a miembros de la Fuerza Pública.