Una nueva medida tomó  la Procuraduría General de la Nación en la investigación que adelanta desde hace cerca de cuatro años por los multimillonarios sobrecostos que se presentaron en la repotenciación de la refinería de Cartagena, uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia del país.

El ente de control sancionó con suspensión por 12 meses al entonces presidente y representante legal de la sociedad Reficar, Reyes Reinoso Yáñez, por el pago de facturas a la firma Chicago Bridge and Iron (CB&I), sin el cumplimiento de la totalidad de verificaciones concertadas en el acuerdo EMC.

El Ministerio Público indicó que “el exfuncionario transgredió sus obligaciones como representante de la sociedad, por no realizar pronósticos sobre la posible recuperación de los recursos expuestos, es decir, los que se pagarían a través del acuerdo PIP, sin pasar por una revisión detallada por parte de la Fpjvc, firma encargada de la revisión y aprobación de la facturación. Este hecho constituyó un riesgo potencial para los dineros invertidos por el Estado colombiano y Ecopetrol en la Refinería de Cartagena”.

El Ministerio Público evidenció que Reinoso Yáñez quebrantó la normatividad que imponía a los administradores el deber de cumplir el objeto social proyectado, por no requerir estudios de especialistas que hubieran podido conceptuar sobre las consecuencias del acuerdo que refería pagos futuros de facturas que no podían ser verificadas, teniendo en cuenta que si bien los controles de la Fpjvc no eran perfectos, permitían identificar los pagos que procedían, con lo cual se protegía el presupuesto de Reficar.

Con el acuerdo PIP se expusieron los saldos de la facturación que no legalizó CB&I y que se cancelaron sin acreditar debidamente su reembolso, pues hasta el momento no se han podido compensar estos recursos.

Precisó la Procuraduría que los dineros pagados sin haber sido verificados fueron sometidos a reconocimiento por parte de un Tribunal de Arbitramento y están amparados con las pólizas correspondientes.

La Procuraduría tuvo en cuenta que la finalidad de la decisión adoptada por el expresidente de la sociedad fue proteger el proyecto, pues CB&I amenazó con paralizar la construcción de la refinería si no se le cancelaban la cuentas que estaban en discusión, lo cual habría generado la finalización de la ampliación prevista.

En el mismo fallo el ente de control absolvió a los miembros de la Junta Directiva de Reficar: Javier Genaro Gutiérrez Pemberthy, Pedro Alfonso Rosales Navarro y Diana Constanza Calixto Hernández; al presidente y representante legal, Orlando José Cabrales Martínez; y al vicepresidente Jurídico, Felipe Arturo Laverde Concha.

El proceso

En enero de 2016 el entonces contralor Edgardo Maya reveló sobrecostos por U$4.023 millones en la modernización de la refinería de Cartagena, obra que comenzó en la administración Uribe y finalizó en el gobierno Santos.

La Contraloría habló de 36 hallazgos fiscales por 8,5 billones de pesos en la construcción desde 2007 de Reficar. Lo que se malgastó en este proyecto, comparó el organismo de control, equivale a becar durante dos siglos a 22 mil estudiantes o a construir 600 mil viviendas gratis.

En total, la Contraloría revisó 177 subcontratos y encontró que de los US$2.879 millones de hallazgos fiscales, unos US$943 millones (32%) corresponden a posibles irregularidades en contratación.

El entonces fiscal Néstor Humberto Martínez explicó que la ley y el Conpes habían determinado que el contrato para la modernización de la refinería se hiciera llave en mano, con lo cual los riesgos eran a cargo del contratista y no de todos los colombianos. “Al final se hizo un cambio por parte de la administración de Reficar para que el contrato se desarrollara con CB&I a través de una modalidad de gastos rembolsables. De suerte que todos los riesgos del contrato corrieron a cargo de Reficar y por tanto de la Nación, lo cual le costó a Colombia miles de millones de pesos de pérdida”, dijo Martínez.

Investigación

A mediados de 2017 la Procuraduría abrió investigación disciplinaria a nueve directivos de Reficar por presuntas irregularidades en el aumento del presupuesto para la ampliación de la refinería y la extensión en el cronograma para la ejecución del proyecto.

Meses antes la Fiscalía por estos hechos imputó a ocho funcionarios y exfuncionarios de Reficar y Ecopetrol, así como a empleados de CB&I,

En agosto pasado la Fiscalía acusó formalmente a 7 directivos de Reficar y de (CB&I): Orlando José Cabrales; Reyes Reinoso; Pedro Alfonso Rosales; Felipe Arturo Laverde; Carlos Alberto Lloreda; Philip Asherman y Masoud Deidehban.