¿Qué pasó en el Chirajara?

  • Urge saber causas de la tragedia
  • Ingeniería no debe quedar en “obra negra”

ESTUPEFACTO quedó el país al conocer el colapso del puente de Chirajara que amén de la tragedia humana porque segó la vida de nueve trabajadores despertó no sólo una infinidad de preguntas sobre las causas del impensable hecho, sino razonables dudas sobre la seguridad de las obras de infraestructura que como ésta se realizan en el país.

Si bien levantar un puente no es una labor que se realice a diario o la pueda hacer cualquiera, tampoco es que sea extraña o nueva en un país que como Colombia por su abrupta topografía se requieren obras de ingeniería como puentes, viaductos y túneles para generar o mejorar la conectividad vial entre regiones. Y ello es de vieja data, así se puede evidenciar a lo largo y ancho del país con diferentes y gigantescas estructuras. Para citar un solo ejemplo, el puente Laureano Gómez, también llamado Pumarejo, que con más de 1.500 metros se alza desde hace más de cuatro décadas sobre el río Magdalena, uniendo a la capital del Atlántico, Barranquilla, con el municipio magdalenense de Sitionuevo. Tras varios años de mantenimiento pero sobre todo de estudios porque se consideró casi que desde su inauguración que sus características técnicas fueron muy pobres, en 2015 se decidió iniciar la construcción de su “gemelo”, el cual se tiene previsto entregar este año, tras lo cual se demolerá el original.

Como éste gigante de concreto, atirantado en una de sus partes como el Chirajara que acaba de colapsar en la vía a Villavicencio, hay muchas otras monumentales obras en el país que no sólo evidencian el avance en infraestructura, sino que han consolidado el profesionalismo de los ingenieros nacionales. Y es precisamente por ello que era impensable que ocurriera una tragedia como la de Villavicencio, máxime cuando el más reciente informe de interventoría no registraba ni alertaba sobre anomalía o inconsistencia alguna y que hace un mes el propio presidente Santos con su ministro de Transporte, el director de la ANI y las directivas de la concesión verificaron in situ el avance de la obra que, inclusive, iba a ser entregada en marzo próximo, dos meses antes del cronograma establecido.

Es por esas razones que es clave que la multiplicidad de investigaciones que se realizan sean expeditas y, sobre todo, lleven a determinar donde estuvo la falla que generó el colapso de la estructura de acero, concreto y hormigón, así como a cual de todas las empresas que intervenían en esta obra, una más de la “Ruta del futuro”, le cabe la responsabilidad por lo ocurrido.

Desde el inicio de las averiguaciones, los expertos barajan cuatro hipótesis sobre la causa de la tragedia: un error en el diseño, en los materiales empleados, una falla geológica, básicamente  un problema de mala sustentación en el suelo donde fueron afincados los pilotes o una falla en el proceso de construcción. Sin embargo, el buen nombre de la concesión constructora, cimentado en su experticia, desecharía de plano cualquiera de las razones anteriormente expuestas.

Como se sabe, a Concesionaria Vial de los Andes S.A.S. (Coviandes) se estableció en 1994 con el objetivo de diseñar, construir y operar proyectos de concesión vial en Colombia. Con el respaldo mayoritario de inversiones Corficolombiana y la constructora española Abertis Infraestructura, ese mismo año obtuvo el contrato de carretera Bogotá-Villavicencio, de 86km, incluyendo 18 túneles y  44 puentes. En 2010, se subscribió un contrato adicional para la construcción de la doble calzada Bogotá–Villavicencio en el sector El Tablón–Chirajara.

Sin embargo, y, como ocurre en casi todas las grandes obras, sobre todo en éstas de última generación se realizan subcontratos para las diferentes fases de las mismas por sus altas exigencias técnicas. Así, Coviandes, que fungiendo como contratista deberá responder por lo sucedido, entregó la construcción del puente a la empresa antioqueña Gisaico, la que trabajó sobre el diseño que elaboró la firma Área. Todas ellas estarán bajo la lupa investigadora al igual que el Consorcio Interconcesiones, encargado de la interventoría, y que debía estar pendiente de todo el proceso, diseño, uso de materiales y de la construcción.

La pérdida de vidas humanas es lamentable y aunque conocer las causas de la tragedia no aliviará el dolor de las familias afectadas por la misma, es clave no solo para determinar a quien o quienes cabe la responsabilidad de ese lamentable hecho, que como bien lo dijo el gobierno “no puede volver a ocurrir bajo ninguna circunstancia”. En el entretanto, un manto de duda sobre la calidad y seguridad comienza a ceñirse sobre otros grandes proyectos de infraestructura.