El proyecto de ley que reforma el régimen de tierras continúa generando polémica. El articulado está siendo sometido a socialización y el objetivo del Gobierno es presentarlo al Congreso en marzo próximo.
El ministro de Agricultura, Juan Guillermo Zuluaga, ha dicho que la iniciativa garantizará los derechos de la propiedad privada, la tenencia de la tierra y brindaría acceso a los que la trabajen, para que todos los pequeños y grandes productores tengan las mismas oportunidades.
“Aspiraba que antes del 31 de diciembre del año pasado (el proyecto de) ley de Tierras se pudiera radicar en el Congreso de la República, lastimosamente no lo hicimos, ya nos quedó para el primer trimestre de este año, pero mientras tanto vamos avanzar con algunos gremios y con el Congreso para socializarlo“, explicó.
Agregó que el Gobierno aspira a que pronto haya un acuerdo al respecto. “Hemos generado todas las condiciones para el diálogo y llevamos muchas semanas analizando el alcance del proyecto, el cual presentaremos dejando las constancias necesarias de esta conciliación para poder avanzar”, dijo.
Entre tanto, José Félix Lafaurie, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegán), dijo que “el proyecto perturba la propiedad privada”, porque le otorga facultades a la Agencia Nacional de Tierras para que extinga el dominio sobre la propiedad de predios.
“Expropiar indica indemnizar, extinguir es la sanción que le impone el Estado a un particular cuando la tierra ha sido obtenida de manera ilícita", argumentó.
Agregó que “el campo no puede seguir siendo un instrumento demagógico de ciertos sectores que creen que pueden tener el campo como bandera. La gran diferencia que he tenido a lo largo de estos años con el Gobierno, es que incorporó en la negociación un solo sector económico, el sector rural ¿Con qué argumento? Porque había que entregarle alguna cosa a las Farc y les entregó al sector rural”, aseveró el dirigente gremial.
Lafaurie afirmó que el sector rural es donde hay más pobreza, más marginalidad y donde el Estado ha tenido menor presencia. “La ruralidad no puede seguir siendo el botín de guerra”, precisó. Igualmente cuestionó los datos sobre concentración de la propiedad que sirven de soporte al proyecto gubernamental, los cuales no coinciden con los emitidos por el IGAC.
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