A pesar de las mejores perspectivas del crecimiento para el país por parte de los analistas y de las agencias calificadoras de riesgo, hay hechos que pueden empañar el buen comportamiento esperado.

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Analistas nacionales e internaciones han manifestado que la economía colombiana tendrá un mejor desempeño durante 2018 que en el año pasado, producto de una positiva reacción de los mercados internacionales que provocarán una mejoría en las exportaciones y una baja en la inflación que seguramente consolidará su tendencia a la baja.

Para las agencias calificadoras, la banca internacional y los analistas es posible que la economía colombiana esté rondando el 2,6% en promedio en el crecimiento del PIB, que es muy superior al 1,7% esperado por el mercado para 2017 como un todo.

Para la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia, Asobancaria, si bien se proyecta un mejor desempeño de la economía colombiana en 2018, no se puede desconocer que esta enfrenta riesgos que, en caso de materializarse, afectarían ostensiblemente el proceso de recuperación económica.

El análisis del gremio financiero señala que algunos de ellos continúan asociados a la falta de ajustes en el frente fiscal, la persistencia de la baja confianza del consumidor, la dilación en la ejecución de inversiones públicas de alto impacto, el riesgo político manifestado en la incertidumbre alrededor de las elecciones y de la agenda económica del gobierno entrante, un incremento más acelerado de las tasas de interés en Estados Unidos por parte de la FED y una eventual caída de los precios internacionales del petróleo.

La probabilidad materialización de estos riesgos, los cuales terminarían acotando los canales de recuperación, habla de tasas de crecimiento en 2018 más cercanas al 1,8%-2,0% que al 2,6% del escenario central.

La política fiscal

En los últimos meses la atención de los analistas, tanto nacionales como internacionales, ha girado alrededor de la política fiscal.

Al respecto, la fijación de nuevas metas de déficit menos restrictivas para 2017 y 2018 por parte del Comité Consultivo de la Regla Fiscal generó gran incertidumbre en lo referente al estado futuro de las finanzas públicas, en especial a partir de 2019, debido al significativo ajuste de 0,9 puntos porcentuales que deberá darse en el gasto del gobierno.

Esta preocupación no pasó inadvertida por las calificadoras de riesgo, concretamente por Standard & Poor’s, S&P, quien luego de haber revisado el Outlook de estable a negativo en febrero de 2016, recientemente optó por reducir la calificación de la deuda soberana de BBB a BBB-. Además de considerar las metas de déficit fiscal, la calificadora señaló con preocupación el elevado nivel de endeudamiento externo, que habría bordeado el 40% del PIB en 2017 y que genera vulnerabilidades ante choques externos.

En el corto plazo, no se descarta, a juicio de Asobancaria, que otras calificadoras como Fitch o Moody’s revisen de igual manera la calificación o el Outlook del país.

Cabe anotar que, si bien estas eventuales revisiones no significarían la pérdida del grado de inversión, sí se configurarían como un llamado de atención sobre las políticas fiscales que deberá implementar el Gobierno entrante para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas y con ello la estabilidad macroeconómica.

Elecciones y reformas

También es oportuno mencionar que en un contexto de polarización creciente, es posible que el debate político alrededor de las elecciones presidenciales del 2018 excluya los temas verdaderamente relevantes para la agenda económica del país.

De no plantearse las discusiones en torno a las inaplazables reformas que requiere el país en materia pensional, tributaria y de gasto público, no solo será más difícil acometer las metas fiscales ya descritas, sino que también obstaculizarán las acciones de política pública necesarias para hacer frente a los lastres en competitividad y productividad que tanto aquejan al sector privado.

La Comisión del Gasto Público y la Inversión Pública entregó algunas recomendaciones en materia de racionalización del gasto, un proceso que requerirá de esfuerzos tanto ejecutivos como legislativos.

Estas incluyen abordar las limitaciones institucionales y administrativas del proceso presupuestal, hacer más eficiente la contratación pública, el gasto en salud y la focalización de los subsidios, reglamentar las indemnizaciones por parte del estado, recomponer el gasto en defensa de acuerdo a las realidades del posconflicto y un gasto más eficiente en educación.

Para Asobancaria, el grueso de las discusiones en este frente tendrán que girar en torno a los eventuales ajustes en la edad de jubilación y el ingreso base de cotización, el gravamen a las pensiones más altas, las reformas a la arquitectura del sistema para que el Régimen de prima media, RPM, y el Régimen de ahorro individual sean complementarios, en vez de sustitutos, la racionalización de los sistemas de pensiones maestros y militares y la reducción del tope para las pensiones del RPM.

De no implementarse la reforma pensional, se pone en riesgo la sostenibilidad fiscal. El país no puede seguir postergando estas discusiones, sostiene el gremio.

Problemas de confianza

Un factor adicional que podría generar sesgos a la baja en el crecimiento es que la confianza de los consumidores se mantenga débil. Si bien Índice de Confianza del Consumidor, ICC, pareciera haber mostrado un cambio de tendencia respecto a enero de 2017, continúa en terreno negativo y muy por debajo de su promedio histórico.

En caso de no darse la recuperación esperada, el consumo de los hogares y la demanda agregada continuarían exhibiendo un débil desempeño.

Infraestructura en líos

Por su parte, uno de los aspectos que dinamizarían la economía en el presente año es la ejecución de inversiones públicas de alto impacto.

Dentro de estas sobresalen los subsidios a la financiación de vivienda y las obras de infraestructura vial, los cuales generarán un impulso importante al sector de la construcción.

No obstante, la asignación de subsidios de vivienda por debajo de lo esperado, sumado a los problemas asociados a hechos de corrupción, a la imposibilidad de llegar a cierres financieros y a la insatisfacción de las comunidades, la cual ha derivado en el impulso a consultas previas y en la oposición a la expedición de licencias ambientales que han retrasado la construcción de las obras de 4G, podría atenuar dichos efectos.

Por lo anterior el gremio invitó a plantear acciones de política que propendan hacia la estabilidad macroeconómica de largo plazo y contribuyan a la solución de los problemas estructurales respecto a productividad, competitividad y formalidad, es un imperativo para el próximo Gobierno.

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