En fuentes cercanas a la Corte Constitucional se afirma que hay un principio de acuerdo al interior de ese máximo tribunal para acelerar el fallo sobre la exequibilidad o no de la Ley de Amnistía e Indulto a guerrilleros desmovilizados de las Farc. La norma, como se sabe, fue aprobada a finales de diciembre de 2016 pero más de un año después todavía no se conoce si es ajustada o no a la Carta Política. La Corte prefirió primero estudiar la exequibilidad del acto legislativo que creó la Justicia Especial de Paz (JEP), pese a que esta reforma constitucional fue aprobada por el Congreso meses después que la Ley de Amnistía. La idea ahora es que el fallo sobre esta norma se dé en pocas semanas, más aún después del campanazo dado sobre sus alcances por la Corte Penal Internacional.
Enero, mes crítico
A propósito de la alta tensión en que quedó esta semana el proceso de paz con el Eln, luego de que el presidente Santos ordenara el regreso de la delegación oficial para analizar las implicaciones de la ofensiva militar y terrorista de ese grupo insurgente, la madrugada del miércoles, tras acabarse el cese el fuego bilateral y temporal, un exnegociador de paz durante el gobierno Pastrana recordaba esta semana que enero parece ser un mes “crítico” para los procesos de paz. Trajo a la memoria que en 2002, cuando se negociaba en el Caguán con las Farc, en enero se presentó una de las más graves crisis en la mesa, a tal punto que se llegó a pensar que el proceso se rompería. Sin embargo, la intervención de más de una decena de embajadores permitió solucionar la crisis el 20 de enero de ese año, en medio de un ambiente festivo. Lamentablemente, un mes después, se rompieron definitivamente las conversaciones.
Alerta gremial
A los gremios de la producción ya no les parece nada coincidente que en menos de un mes dos calificadoras de riesgo tan importantes como Standar & Poor’s y Moody’s hayan advertido sobre los riesgos que los procesos electorales en Colombia pueden implicar para una economía que atraviesa por un momento muy delicado en materia de débil crecimiento, altibajos tributarios y déficits fiscal y de cuenta corriente. Por lo mismo, ya hay algunos líderes gremiales que consideran que dada esa coyuntura y la urgencia de evitar que a Colombia le vuelvan a bajar la nota crediticia (Standar & Poor’s ya lo hizo en diciembre), los candidatos presidenciales deberían pronunciarse al respecto para calmar el nerviosismo de las calificadoras.
Ojo a nuevo informe
A propósito de la información conocida esta semana en torno a que, en septiembre del año pasado, el presidente estadounidense Donald Trump habría reclamado insistentemente al mandatario colombiano Juan Manuel Santos por el crecimiento desmesurado de los cultivos ilícitos, un congresista del Centro Democrático le dijo a un periodista de EL NUEVO SIGLO que “… lo verdaderamente importante es el informe preliminar que presente Estados Unidos sobre la extensión de narcocultivos en Colombia, que el año pasado fue el que lanzó el campanazo sobre las 188 mil hectáreas, que el gobierno Santos se negó a reconocer y prefirió adoptar las cifras del Simci de la ONU, que no daban más de 150 mil hectáreas”.
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