La realización de reformas estructurales en varios temas será necesaria para que Colombia logre mantener la credibilidad fiscal, señaló la Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo. Fedesarrollo.

El centro de pensamiento económico del país dijo que para los siguientes años, la dinámica de los ingresos pone de manifiesto que la reforma tributaria será insuficiente para cumplir con los compromisos de gastos del Gobierno y con los topes establecidos en la regla fiscal.

Las estimaciones de ingresos resaltan una reducción importante en el recaudo de tributos directos a partir de 2019, cuando desaparece la sobretasa al impuesto de renta corporativo, el cual pasará de representar 6,3% del PIB en 2016 a 5,7% en 2021.

A ello se suma ahora que los recursos extraordinarios de las multas a la telefonía celular ya se habrían agotado en 2019.

Como resultado, los ingresos totales presentarían una tendencia decreciente en el mediano plazo, disminuyendo de un nivel de 14,9% en 2016 a 14,8% en 2021.

Cabe resaltar que los cálculos de Fedesarrollo no contemplan posibles ganancias por gestión y formalización dado que, si bien pueden existir en algún grado, su magnitud es demasiado incierta para ser incorporada en la proyección.

Frente a la renta petrolera, a partir de supuestos de precios y producción de hidrocarburos representaría alrededor de 0,3% del PIB entre 2018 y 2020 y aumentarían levemente a 0,4% en 2021.

Gasto inflexible

En particular, cabe destacar que más de un 26% de los gastos de funcionamiento corresponden a las transferencias del Sistema General de Participación, que representan un 3,6% del PIB. El crecimiento de este rubro está predefinido por la Constitución y a partir de 2018 deberá ser igual al crecimiento promedio de los ingresos corrientes de la Nación de los últimos cuatro años.

Otra porción muy grande de esos gastos de funcionamiento corresponde a los pagos de pensiones, que podrían acercarse a 3,9% del PIB en 2017 y 2018, esto es, a cerca del 28% de los gastos de funcionamiento.

Si a estos rubros se suma el gasto en la fuerza pública y en el mantenimiento del sector justicia, incluida la fiscalía, se obtiene que cerca del 90% del gasto de funcionamiento está comprometido en actividades diferentes a las del funcionamiento propiamente dicho de la rama ejecutiva del Gobierno Nacional. Sobre todos estos rubros deberá actuarse para racionalizar el gasto público, pero resulta poco realista que ello pueda hacerse de manera drástica en el inmediato futuro en ausencia de reformas estructurales.

Adicionalmente, mantener la inversión pública en 1,4% del PIB a partir de 2019 como estima el Gobierno, no solo resultará difícil, sino que puede comprometer el crecimiento de la economía en los próximos años.

Para los demás años, en un escenario de políticas fiscales pasivas, esto es, en ausencia de una nueva reforma tributaria y de reformas estructurales que permitan recortar los gastos en forma sostenible, nuestras estimaciones sugieren que el déficit fiscal oscilaría entre 3,9% y 4,1% del PIB entre 2019 y 2021, lo cual genera un grave desfase con lo requerido por la regla fiscal.

En definitiva, las preocupaciones de los analistas frente a la política fiscal, que se ubica dentro de los factores más relevantes a la hora de invertir en la Encuesta de Opinión Financiera, EOF, y de la calificadora de riesgos están correctamente fundamentadas.

Los esfuerzos y las decisiones por parte del próximo Gobierno para llevar a cabo reformas estructurales serán imperativos para mantener la credibilidad en la política fiscal.