La ONG Human Rights Watch presentó ayer su Informe Mundial 2018 en el que hace un análisis sobre los derechos humanos. En esta oportunidad destaca que líderes políticos dispuestos a defender estos principios demostraron que podían poner límite a las agendas del populismo autoritario. En el apartado que el organismo dedicó a Colombia, reitera sus advertencias acerca de que la justicia transicional producto del acuerdo de paz generaría impunidad.

En este sentido, Human Rights Watch indicó que “en 2016, el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) llegaron a un acuerdo para poner fin a 52 años de conflicto armado. Aunque el acuerdo ofrece una oportunidad histórica de reducir las violaciones de derechos humanos, su componente de justicia contiene graves deficiencias que podrían permitir que criminales de guerra eludan una rendición de cuentas genuina”.

Agrega la ONG que “en abril de 2017, los legisladores promulgaron una reforma constitucional que creó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). La reforma establece una definición de ‘responsabilidad de mando’ —es decir, la norma por la cual los superiores pueden responder por delitos que cometieron sus subordinados— para las Fuerzas Armadas que se aleja de las normas establecidas del derecho internacional de un modo que podría menoscabar seriamente la rendición de cuentas. En noviembre, la Corte Constitucional determinó que la definición de “responsabilidad de mando” era constitucional”.

De igual forma, esta OGN muestra su preocupación por la Ley de Amnistía. “En diciembre de 2016, el Congreso promulgó una ley de amnistía, con el supuesto fin de excluir de su alcance las violaciones de derechos humanos. No obstante, la ley contiene disposiciones que podrían permitir que los responsables de atrocidades se beneficien de amnistías”, indica.

Human Rights Watch rememora que el acuerdo de paz estipula que debe crearse una Jurisdicción Especial para la Paz para juzgar a los responsables de graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto, incluso por las Farc y miembros de las Fuerzas Armadas. “Las personas responsables de delitos de lesa humanidad y graves crímenes de guerra que cooperen plenamente con la nueva jurisdicción y confiesen sus delitos quedarán sujetas a penas de hasta ocho años de ‘restricciones efectivas de libertades y derechos’, pero no de prisión”, dice. 

El director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, dijo ayer que “valoramos el esfuerzo del presidente Juan Manuel Santos pero no podemos ocultar nuestras objeciones respecto de la debilidad del acuerdo de justicia, que promueve más la impunidad que la justicia o el castigo a aquellos que han cometido graves violaciones”.

A finales del año pasado, Vivanco dijo que “me parece que la Ley de Amnistía está plagada de defectos y va a permitir que violadores de derechos humanos, tanto de las Farc, como agentes del Estado, se aprovechen de esta norma y logren amnistiar delitos que bajo ninguna circunstancia pueden ser amnistiables”.

Vivanco también ha dicho sobre la JEP que "el tribunal (de Paz) debería limitar una disposición que permite que guerrilleros de las Farc responsables de crímenes atroces puedan postularse o ejercer cargos públicos incluso mientras cumplen con sus sanciones".

De igual forma, la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, ha hecho varias observaciones al Gobierno nacional y a la Corte Constitucional sobre que la Ley de Amnistía y algunas disposiciones de la JEP abrirían la puerta a la impunidad, coincidiendo en esto último con lo señalado por HRW sobre la responsabilidad de mando.

La Corte Constitucional está pendiente por pronunciarse sobre la exequibilidad de cerca de 20 leyes y decretos que fueron expedidos para la implementación normativa del acuerdo de paz. Entre éstas se encuentra la reglamentación de la JEP, la cual entre otras disposiciones habilita la participación política de los desmovilizados  de las Farc, a pesar de que no hayan resuelto su situación con la justicia.

También el alto Tribunal está pendiente de pronunciarse sobre la constitucionalidad de la Ley 1820 de 2016, por medio de la cual se dictan disposiciones sobre amnistía, indulto y tratamientos penales especiales.

Responde el Gobierno

Ayer poco después de que Human Rights Watch hiciera público su Informe Mundial 2018, el Gobierno nacional lo replicó señalando que no es cierto que la JEP permita conceder amnistías a los responsables de crímenes de guerra o violatorios de los derechos humanos.

El ministro del Interior, Guillermo Rivera, dijo que “está claramente dicho en la reforma constitucional y en la ley estatutaria de la JEP que los crímenes de carácter internacional no son objeto de amnistías”. Resaltó que “no es una Jurisdicción de impunidad”.

En ese sentido, los crímenes de lesa humanidad, el genocidio, el reclutamiento de menores, la violencia sexual y los crímenes de guerra no serán objeto de amnistía.

Sigue violencia

El Informe Mundial 2018 preparado por HRW destaca el acuerdo de paz que logró la administración Santos con la guerrilla de las Farc. No obstante indica que a pesar de ello sigue la violencia en las regiones.

“Una minoría de guerrilleros (Farc) disidentes rechazaron los términos del acuerdo de paz, no se han desarmado y siguen cometiendo abusos”, señala, y agrega que “en 2017, el Eln siguió cometiendo graves abusos contra civiles, como por ejemplo ejecuciones, desplazamientos forzados y reclutamiento de menores en el departamento de Chocó…continuó usando minas antipersonales”.

Dic que también pervive el accionar de grupos sucesores de los paramilitares, que “siguen cometiendo abusos generalizados como asesinatos, desapariciones y violaciones sexuales. En ocasiones, se han beneficiado de la tolerancia e incluso la connivencia de agentes estatales”.

Violencia contra desmovilizados

Tras el asesinato el pasado miércoles de dos desmovilizados de las Farc en el departamento de Antioquia, ayer el ministro del Interior, Guillermo Rivera, indicó que “vamos a tomar decisiones para ajustar protocolos e impedir que hechos de esa naturaleza se vuelvan a presentar".

No obstante el Ministro dijo que la cifra hasta el momento de asesinatos de integrantes de las Farc que dejaron las armas es inferior a la que se presentó en el primer año de la desmovilización de los grupos paramilitares.

“Luego de la desmovilización paramilitar, según el hoy Vicepresidente de la República quien dirigía para la época la Policía Nacional, cerca de 700 excombatientes de los grupos paramilitares fueron asesinados durante el año posterior a la desmovilización. En este caso la cifra de los excombatientes de las Farc que han sido asesinados es mucho menor. No superan las 50 personas. Y no se ha presentado ningún incidente que ponga en riesgo la vida de quienes estuvieron en las zonas veredales”, expresó Rivera.

Por su parte el dirigente del Partido Farc, Pastor Alape, indicó que “140 líderes sociales y 47 integrantes de la comunidad fariana han sido asesinados (34 excombatientes y 13 familiares). Más los dos camaradas de anoche (miércoles) en Peque Antioquia, da un total de 36 excombatientes y 13 familiares asesinados”.