Aún es baja la ejecución que se hace con los recursos de las regalías de un fondo para este propósito.

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La inversión en ciencia, tecnología e innovación que hace Colombia es de las más bajos de la región con apenas el 0,7% del PIB. La reforma al Sistema General de Regalías pretendió modificar esta situación con la creación de un fondo específico para este sector, sin embargo, los resultados en materia de ejecución son pobres hasta el momento, según la Contraloría. Ahora desde el Congreso se pretende disparar la innovación por media de la figura de los Centros de Trabajo Compartido y la financiación colectiva por parte de particulares.

Se trata del proyecto de ley número 102 de 2017 Cámara, iniciativa de los representantes Federico Hoyos Salazar, Regina Zuluaga Henao, Víctor Javier Correa Vélez, Iván Darío Agudelo Zapata, Samuel Alejandro Hoyos Mejía, entre otros, la cual fue aprobada el pasado 15 de noviembre en la Comisión Sexta de la Cámara.

Esta iniciativa cuenta con ponencia positiva para segundo debate en la plenaria de la Cámara de Representantes, el cual se espera se dé a partir de marzo próximo, cuando el Legislativo dará inicio al último periodo de esta legislatura.

El proyecto de ley explica que en su mayoría, las grandes empresas colombianas emplean los mismos métodos tradicionales en las áreas de productos, procesos, organización y mercado debido a que no necesitan innovar para posicionarse o mantener su posición en el mercado. Adicionalmente, la renta petrolera sigue siendo la principal fuente de ingresos del Estado y la economía colombiana evidencia el peligro de depender de materias primas para lograr un crecimiento sostenible a futuro.

Las dificultades que experimenta el país en términos de innovación se ven reflejadas en su baja calificación y clasificación en el Índice Global de Innovación. De 127 países calificados, Colombia ocupó el puesto 65 y descendió dos puestos en comparación al año 2016. Además, se ubica en el quinto puesto en América Latina. El índice está compuesto por 81 indicadores que comprenden el entorno normativo, la educación, infraestructura, grado de desarrollo empresarial y tecnológico, entre otros.

La iniciativa de ley propone promover la innovación a través de los Centros de Trabajo Compartido, espacios en donde emprendedores, micro y pequeños empresarios comparten un mismo espacio de trabajo físico, donde tienen acceso a escritorios u oficinas individuales y a otra variedad de servicios compartidos como salas de reuniones e impresoras, para desarrollar sus proyectos de forma independiente.

Al respecto la iniciativa establece que dentro de los dos  años siguientes a la entrada en vigencia de la pretendida ley, el “Gobierno nacional creará Centros de Trabajo Compartido en cada uno de los municipios que de conformidad con la Ley 1551 de 2012 sean de categoría especial y los de categoría primera que a su vez sean capitales departamentales. Dichos centros estarán dedicados al asentamiento de Microempresas y Pequeñas Empresas que en virtud de la Ley 590 del 2000 se dediquen a actividades de innovación”.

Agrega que Colciencias deberá acreditar que las actividades de las empresas allí asentadas, en efecto sean de base tecnológica y tengan un componente de innovación. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo deberá proporcionar una oferta institucional permanente de acompañamiento y fortalecimiento a las empresas que operen desde allí.

Los Centros de Trabajo Compartido deberán tener una capacidad instalada para atender por lo menos 100 empresas en el caso de los municipios de categoría especial y 50 empresas en los municipios de categoría primera.

Financiación colectiva

El proyecto de ley establece el modelo de financiación colectiva para apoyar los proyectos de innovación.

La captación de los recursos se hará mediante una plataforma de internet que selecciona y publica proyectos, de pequeñas cantidades de dinero de varios individuos destinado a la donación o financiación, usualmente sin un colateral, de proyectos, modelos de negocio o actividades personales.

Existen cuatro modelos de financiación colectiva. Modelos comunitarios basados en donaciones o recompensas, y esquemas financieros basados en préstamos o acciones.

En este sentido la iniciativa establece que dentro de los 12 meses siguientes a la expedición de la pretendida ley, el Gobierno nacional deberá presentar ante el Congreso de la República, un proyecto de ley tendiente a autorizar los diferentes modelos de financiación colectiva definidos, fijando los montos máximos autorizados, las entidades autorizadas para realizar dicha actividad, las tasas de rendimiento y los mecanismos de amortización financiera, así como asignar las funciones de control y vigilancia a la entidad correspondiente, entre otros.

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