Deploran violencia contra líderes comunales | El Nuevo Siglo
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Viernes, 19 de Enero de 2018
Redacción Nacional

Como lamentable y doloroso para el ejercicio comunal en el país, calificó Eduardo Garzón, Director para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior, el asesinato de tres líderes comunales en menos de 48 horas, quienes no habían reportado ser víctimas de amenazas por parte de los líderes de la Confederación Nacional de Acción Comunal.

El funcionario reiteró el llamado del jefe de la cartera del Interior, Guillermo Rivera, al solicitar a las autoridades civiles y policivas acelerar las investigaciones sobre estos hechos y trabajar en la garantía de seguridad de los líderes comunales y sociales en el ejercicio de su labor.

El primer caso se registró en Yondó (Antioquia), donde Víctor Morato, presidente de la vereda Rompida 1 del corregimiento San Miguel del Tigre y reconocido por sus aportes a la paz, el agro y el desarrollo social, fue asesinado con arma de fuego en el sector conocido como el valle del río Cimitarra el pasado miércoles.

El segundo caso ocurrió en el barrio Colinas del Tunal de la ciudad de Cúcuta, en donde un hombre con arma de fuego asesinó al líder comunal Jorge Jimmy Celis en la noche del mismo miércoles, quien se destacó por su compromiso continuo con la comunidad

Finalmente, el corregimiento de Versalles en San José de Ure (Córdoba) fue el escenario en el que Plinio Pulgarín, quien ejercía como presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda San Pedrito, fue asesinado por hombres armados en la madrugada del pasado jueves. Este líder fue reconocido por contribuir en el proceso de sustitución de cultivos de uso ilícito que se adelanta tras la firma del Acuerdo de Paz.

El Ministerio del Interior el pasado mes de diciembre expidió el decreto 2124 de 2017, mediante el cual se reglamenta el sistema de prevención y alerta para la reacción rápida a la presencia, acciones y/o actividades de las organizaciones, hechos y conductas criminales que pongan en riesgo los derechos de la población y la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.