No es que haya dejado de ser un tema electoral, pero ¿de qué manera se aborda?, ¿qué han detectado los aspirantes que quiere la ciudadanía?, ¿qué le interesa a la gente de la paz?

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Han sido tantos los años en que la paz, en disyuntiva frente a la guerra, fue bandera de las campañas presidenciales, que para algunas generaciones de colombianos es cosa de toda la vida.

Como se verá, esa disyuntiva se ha quebrado y ya no hay entre los candidatos presidenciales actuales ninguno que se diga que no está a favor de la reconciliación. Y no es que la paz haya dejado de ser un tema electoral, pero ¿de qué manera se aborda?, ¿qué han detectado los aspirantes que quiere la ciudadanía?, ¿qué le interesa a la gente de la paz?

 

Campañas con la paz

No sobra precisar que la historia de la paz como bandera electoral en los comicios presidenciales es un compendio de fracasos, algunos estruendosos, otros matizados con victorias en áreas que prometían, sin conseguirlo finalmente, avanzar hacia el silenciamiento de los fusiles.

Tres décadas de intentos frustrados son suficientes para entender que ver hoy al jefe máximo de las Farc, a la sazón Rodrigo Londoño, alias Timochenko, como candidato presidencial era algo impensable hasta hace muy poco tiempo.

Son muchas las razones que se han esgrimido para explicar cómo esto fue posible, desde circunstancias geopolíticas hasta el argumento de quienes se opusieron a la negociación sosteniendo que las Farc querían legalizar sus negocios ilícitos y lograr impunidad por sus crímenes, y que el gobierno se los permitió.

Pero, camino a los comicios presidenciales de mayo, en primera vuelta, las banderas blancas no se han arriado, solo que ya no se plantean, como antaño, la contradicción entre guerra y paz, sino cómo es que se va concretar.

 

Sí a la paz

Incluso entre los impulsores del No a los acuerdos en el plebiscito de octubre de 2016, algunos de los cuales proclamaban que era necesario hacer trizas lo pactado con las Farc, ya no se habla en esos términos.

Es muy diciente que en el uribismo fuera proclamado candidato presidencial el senador Iván Duque, muy criticado por el sector que precisamente quería deshacer lo pactado (increíblemente, llegó a ser tachado de ‘comunista’), por presentar una propuesta de ajustes al acuerdo con las Farc, pero no de desconocer la totalidad de lo suscrito.

Más diciente aún es que cuando el pastranismo quiso desprestigiar a Duque reviviendo el tema, voceros de ese mismo sector que se le oponía salieron en su defensa, con lo que el candidato presidencial ha quedado fortalecido en su posición.

¿Qué posición es esa? Esta semana lo definió así: “Nosotros no nos oponemos a la paz, pero la paz tiene que estar configurada en una definición clara: el matrimonio de seguridad y justicia, y no una sociedad que premia al delincuente”.

 

Paz, “buen negocio”

Tampoco el candidato presidencial Germán Vargas Lleras aboga por desandar en cuando al silenciamiento de los fusiles de las Farc.

Advirtiendo que no comulga con la idea de “que haya que hacer trizas el acuerdo de paz”, Vargas Lleras ha sostenido que este “fue un buen negocio para Colombia” y precisando que “yo comparto el espíritu de consolidar la paz en Colombia, celebro la desmovilización, el desarme; pero hay nuevos temores y preocupaciones que hay que expresar”.

Lo que Vargas Lleras quiere representar es una contención política frente a las Farc: “Yo estoy en disposición de entenderme con todos aquellos colombianos que vean en el acceso de las Farc al poder político un riesgo muy grande”.

 

La paz, algo concreto

Y si en la derecha ya no suenan (o al menos no con la fuerza de meses atrás) las voces que llamaban a desconocer todo lo firmado con las Farc, en la izquierda, por supuesto, no se considera esa opción.

Quizás los primeros en levantar una bandera pos-paz con un significado concreto fueron los integrantes de la Coalición Colombia (el Polo Democrático, la Alianza Verde y Compromiso Ciudadano): la corrupción fue su blanco.

Colombia ocupa el puesto 83 del ranquin de percepción de corrupción entre 167 países que realiza la ONG Transparencia Internacional en el que 0 es percepción de altos niveles y 100 de bajos niveles. Según Elisabeth Ungar, directora ejecutiva de Transparencia Colombia, “la corrupción puede ser el mayor riesgo para una paz estable y duradera”.

Con todo, aun con las manifestaciones de la cabeza lista verde al Senado, Antanas Mockus, de que le gustaría ampliar la Coalición Colombia para que incluso las Farc tuvieran cabida, el candidato presidencial Sergio Fajardo se mantuvo en que “no hay esa posibilidad. Hemos venido trabajando todo el 2017 y lo que decimos es en serio: vamos para donde nos propusimos ir”, añadiendo que quiere luchar contra la polarización y por esa razón no admitirá que se le relacione con la diatriba del Sí y del No.

En otras filas, al anunciar su decisión de presentarse a una consulta el 11 de marzo para definir quién sería el candidato presidencial, Clara López, Gustavo Petro y Carlos Caicedo resumieron su programa en buscar “una economía que disminuya la desigualdad; realizar profundas reformas sociales que garanticen la protección para todos los colombianos; y paz con transparencia social”.

Incluso el candidato presidencial del Partido Liberal, Humberto de la Calle, ha manifestado que en sus recorridos los ciudadanos le han planteado la misma preocupación: seguridad y empleo. “Con el silencio de los fusiles debemos enfocarnos en igualar la cancha de oportunidades para los colombianos”, ha precisado.

¿Cuál paz?

El anhelo de que cesara el conflicto armado nunca ocultó las grandes necesidades en cuanto a temas esenciales como seguridad, educación y empleo, pero claramente los colombianos aspiran a que sin la presión de la guerra esos temas logren priorizarse.

El propio De la Calle, antes de ser candidato, consideró que “el paso a la modernidad es que podamos administrar esos conflictos en democracia, de manera razonable, con canales de diálogo, sin necesidad de acudir a la fuerza”, de tal manera que “tendremos una sociedad en conflicto y con enormes diferencias, pero las superaremos a través de herramientas democráticas y no violentas”.

Sobre el particular, Mariano Aquirre, director del Norwegian Peacebuilding Resource Centre (Noref), en Oslo, escribió para Radio Francia Internacional que “un informe de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) de 2016 indica que la desigualdad en Colombia es de las mayores del mundo”, asunto “que tiene relación con los servicios que presta el Estado y con un eficaz sistema impositivo orientado a la justicia social”, cuya deficiencia ha hecho prosperar la guerrilla y el narcotráfico.

Aguirre puso de presente que “el coeficiente de Gini, que marca 0 para la equidad perfecta y 1 para la total desigualdad, pasó de 0,538 en 2014 a 0,522 en 2015”, y que “una cuestión clave para disminuir este coeficiente es avanzar en una radical reforma tributaria”.

A esto se suma que, como lo ha planteado editorialmente EL NUEVO SIGLO, el gobierno no previó adecuadamente la presencia del Estado en las áreas en las que las Farc se estaban desmovilizando, de modo que el vacío está siendo llenado por otros grupos armados ilegales.

 

El Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia) calcula que más del 60 por ciento del territorio nacional presenta ausencia del Estado y por lo tanto falta de garantías para la efectividad de los derechos políticos, económicos y sociales, situación que es sufrida por 6 millones de personas, principalmente indígenas, afrodescendientes y campesinos.

Pero no solo la presencia del Estado brilla por su ausencia en esos parajes recónditos de la patria, como diría el cronista, sino que siente también en la esquina de la casa, como lo han experimentado los vecinos del barrio Rosales, de Bogotá, solo para citar un ejemplo reciente de una realidad que viven a diario desde hace muchas décadas los habitantes de la Comuna 13 de Medellín o del Distrito de Aguablanca, en Cali.

Eso lo describe Dejusticia (el estudio se titula El derecho al Estado) diciendo que en “Colombia existe un estado social de derecho consagrado en la Constitución y las leyes, pero su presencia en el territorio no es homogénea, como lo suponen sus normas, sino flexible y dispar”.

Para Aguirre, un problema grave es un ineficiente sistema impositivo que no genera suficientes fondos públicos; y recordó que, según datos del Banco Mundial, en 2012 Colombia exhibía “ingresos tributarios relativamente bajos para su nivel de desarrollo. Entre los años 2007 y 2009, los ingresos del Gobierno Central promediaron un 14 por ciento del PIB, lo cual es sustancialmente menor al nivel de ingreso esperado (20,6 por ciento del PIB), dado el PIB per cápita colombiano. Este nivel de ingresos es el segundo más bajo entre siete países latinoamericanos Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, y Venezuela, cuyo promedio es de 17,1 por ciento”.

 

Historia de fracasos

La bandera de la paz con las Farc la enarboló el presidente Belisario Betancur en 1982 (ya son 34 años), logrando a pocos meses de posesionarse que el Congreso tramitara y aprobada una ley de amnistía y en 1984 en un acuerdo con la guerrilla en el campamento de Casa Verde, ubicado en el municipio de La Uribe, Meta. Sin embargo, los militantes del partido Unión Patriótica (UP), fundado en 1985 para la participación en política de los excombatientes, fue sometido a un proceso de exterminio (genocidio político, según el Código Penal) en que perdieron la vida 3.500 personas, incluyendo dos candidatos presidenciales. Los guerrilleros que habían formado parte de la UP se volvieron para el monte, donde las Farc tampoco habían respetado en cese de hostilidades, y la guerra continuó.

Como herencia de la violencia que estremeció al país entre los años 40 y 50, por no ir más atrás, quedaron en los campos colombianos grupos armados de distinta índole. Mientras unos dieron origen a las Farc, otros sirvieron de caldo de cultivo a estructuras como las que arremetieron contra la UP: los grupos paramilitares.

La inclinación por el diálogo con la guerrilla volvió a estar en el programa del presidente Virgilio Barco, suceso de Betancur en 1986, que solo fructificó con el M-19 y el Epl. En ese cuatrienio, el baño de sangre no paró con el exterminio de la UP y eliminó a otros actores, como los candidatos presidenciales Carlos Pizarro, excomandante del M-19, y Luis Carlos Galán, líder del Nuevo Liberalismo, conllevando al surgimiento del movimiento Séptima Papeleta que urgía la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, con la aspiración de que fuera un camino hacia la paz.

La negociación fue puesta nuevamente en los postulados de gobierno por el presidente liberal César Gaviria que sin embargo no logró avanzar con las Farc y terminó bombardeando Casa Verde en 1990. La Constituyente expidió una nueva Carta Magna en 1991, pero los fusiles siguieron disparando, solo que ahora los campesinos también eran asediados por el paramilitarismo.

El presidente liberal Ernesto Samper también izó en 1994 su bandera blanca, pero no logró concretar a las Farc y se dedicó a un largo (e infructífero) diálogo con el Eln. En cambio, 1997 es el año que señala la aglutinación de los grupos paramilitares alrededor de la ‘marca’ Auc.

Quizás ninguno de los mandatarios de este recuento se abanderó de la paz como el presidente conservador Andrés Pastrana, a quien no pocos comentaristas adjudican buena parte de su triunfo en 1998 a la divulgación de su foto con el entonces jefe de las Farc, Pedro Antonio Marín, alias Manuel Marulanda o Tirofijo. Como se sabe, el diálogo que implicó el despeje de los municipios San Vicente del Caguán, La Macarena, Uribe, Mesetas y Vista Hermosa, en Caquetá y Meta, consumió el cuatrienio sin que se lograra el cometido.

El fracaso de esta última negociación posibilitó que la paz fuera nuevamente tema de la campaña presidencial de 2002, solo que esta vez la balanza se inclinó hacia la consecución de un triunfo militar liderado por el mandatario Álvaro Uribe.

De otra parte, mientras Uribe se enfocó en una serie de estériles acercamientos secretos con las Farc aceptó, como alternativa, negociar con los paramilitares. Unos 30.000 integrantes de las ya mencionadas Auc, que fungieron como organizaciones anti-insurgentes, fueron cobijados por la Ley de Justicia y Paz.

Lo más notable del final de este recuento es que el presidente Juan Manuel Santos fue elegido en 2010 al amparo de la bandera de la guerra, pero en cuanto pisó la Casa de Nariño levantó la de la paz.