Como falsas y un intento de enlodar tanto su imagen pública como su carrera política calificó el representate a la Cámara, Alejandro Chacón, la implicación que de él hizo en su declaración el director de Odebrecht Colombia, Eleuberto Martorelli, y según la cual éste se habría reunido con el intermediario de la firma y excongresista Otto Bula para favorecer a esa multinacional.
Como se sabe, Bula habría cobrado US$4.6 millones para lograr que fuera adjudicada a Odebrecht el tramo de la vía Ruta del Sol II entre Ocaña y Gamarra, Norte de Santander, con todas las especificaciones tanto técnicas como de ubicación de estaciones de gasolina que esa firma brasileña había solicitado.
Informaciones que se filtraron tanto de la declaración de Martorelli como de Bula ante la Fiscalía que investiga los sobornos de Odebrecht en Colombia señalan que ambos mencionaron los nombres de Chacón y los también parlamentarios Alfredo Cuello Baute y Bernardo “Ñono” Elías al referirse a los contrato estatales. También señalaron que los tres se habrían reunido con Bula para tratar el tema.
Ante esas informaciones, el representante liberal Chacón expidió en un comunicado en el que señala “Por la gravedad de esta investigación y de la filtración de datos que pueden llegar a ser falsos y que afectan la integridad personal y honra, le solicito de manera respetuosa a los jueces que permitan hacer de manera pública, como lo ordena la ley, las diversas audiencias que se cumplen al respecto”
En otro aparte señala enfáticamente que no conoce a Bula, a Martorelli, ni al exviceministro de Transporte Gabriel García, el primer capturado por el escándalo de los sobornos de Odebrecht y quien tras admitir los cargos fue enviado a La Picota a la espera de la audiencia condenatoria por los delitos de cohecho impropio, celebración indebida de contratos y enriquecimiento ilícito.
Ya el martes el senador “Noño Elías” había expedido un comunicado respecto a los señalamientos que se le hacen y en el cual manifestó que “Nunca me he reunido con persona alguna para favorecer a la empresa Odebrecht ni a ninguna otra”.
“Salpican” al Banco Agrario
De otra parte y en una nueva compuerta de este escándalo de corrupción, José Roberto Acosta, integrante de la Red por la Justicia Tributaria en Colombia, y el senador Jorge Enrique Robledo, ofrecieron una rueda de prensa en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes con el fin de presentar nuevos elementos que involucrarían al Banco Agrario con los escándalos de Odebrecht, en este caso en el contrato de navegabilidad del Río Magdalena.
Según las denuncias, Banco Agrario realizó un préstamo por $ 120.000 millones al consorcio Navelena S.A.S., empresa integrada por Odebrecht y Valorcon, encargada del contrato de navegabilidad del Río Magdalena por un valor de $ 2,5 billones y adjudicado en 2014. Dicho préstamo serviría para la etapa de pre-construcción del proyecto, apalancando la operación del consorcio antes del cierre financiero del mismo.
La Junta Directiva del Banco Agrario, a la que pertenecen los ministros de Hacienda Mauricio Cárdenas y de Agricultura Aurelio Iragorri, otorgó el crédito sin tener en cuenta los problemas financieros de Odebrecht, que en 2015 tenía un patrimonio negativo de $ 3.905 millones. Adicionalmente, las facilidades del crédito, el cual se pactó a un interés preferencial de la DTF + 2 puntos, mientras que a un campesino tan solo le ofrecen la DTF + 5 puntos.
Presuntamente, una de las garantías del pago del dinero era el cierre financiero, pero al día de hoy no existe cierre financiero para esta megaobra que se ha prorrogado en tres ocasiones.
Los hechos relatados pueden considerarse indicios de que un crédito de estas características solo se puede deber a presiones sobre la Administración y/o la Junta Directiva que deben ser investigadas por la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y la Contraloría. “No es aceptable que por presiones políticas o peor, por política pública, se estén otorgando crédito blandos o subsidios a constructores privados de dudosa reputación internacional y nacional. Esto es lo que se denomina corrupción técnica”, mencionó José Roberto Acosta.
El llamado hecho por parte del senador Robledo y la Red por la Justicia Tributaria a través de su vocero José Roberto Acosta, es que los entes hagan un control firme a la situación, contrario a lo hecho por el fiscal Néstor Humberto Martínez el 5 de enero de 2017, en donde declaró que no hay rastro de corrupción en este caso.