Refinando la lucha anticorrupción

“Que tiemblen los corruptos”. Esa fue una de las primeras frases que el hoy fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, pronunció en julio pasado una vez fue elegido por la Corte Suprema de Justicia como jefe del ente acusador.

Aunque para algunos la frase no tuvo mayor impacto e incluso fue catalogada de efectista, lo cierto es que con el pasar de los meses las acciones y políticas de la Fiscalía en torno a cómo combatir este flagelo se han ido perfilando cada día más, no sólo desde el punto de vista conceptual, sino de la praxis operacional de la entidad.

Por ejemplo, uno de los ejes del Plan Estratégico 2017- 2020 de la Fiscalía, presentado hace escasas tres semanas, está enfocado precisamente a impactar de forma contundente este delito. Por lo mismo, se propone que la entidad concentrará sus esfuerzos en la investigación y judicialización de situaciones y casos de corrupción de mayor impacto para la economía del país y el manejo de los recursos públicos. Para ello se creó el plan “Bolsillos de Cristal: tolerancia cero con la corrupción”. De igual manera, el ente acusador se fijó como meta obtener sentencia condenatoria en el 90% de los casos de corrupción priorizados.

Para ello, la Fiscalía considera que se deben apretar las clavijas a los corruptos. Por ejemplo llamó mucho la atención un reciente llamado de Martínez Neira a los jueces para que adviertan el daño generado por los corruptos al patrimonio público. A raíz de que los sindicados en varios casos de manejo irregular de recursos públicos en el Bienestar Familiar, el Hospital Universitario del Valle y la construcción de megacolegios en La Guajira no fueron objeto de medida de aseguramiento pese a que el acervo probatorio lo ameritaba, el jefe del ente acusador recalcó que no se pueden otorgar beneficios a los corruptos e indicó que es necesario identificar “de qué manera ellos pueden por su propia peligrosidad y por la capacidad de afectar las investigaciones requerir justamente tratamiento intramural como medida precautelar”.

La advertencia tiene mucha pertinencia, pues no se puede desconocer que desmotiva mucho al personal de la Fiscalía, a las autoridades policiales y militares e impacta en forma negativa a la opinión pública que funcionarios públicos y particulares que, literalmente, son capturados con las manos en la masa, comparezcan antes los jueces que, tras el cuestionable argumento de que estos ‘no son un peligro para la sociedad’ o de que no existe el ‘riesgo’ de huida o afectación de la investigación, los dejan libres o apenas limitados a la casa por cárcel. Y cuando no es ello, entonces, en aplicación de una normatividad que es demasiado flexible, les determinan penas muy bajas por cuanto confesaron sus delitos, devolvieron parte de lo apropiado indebidamente, pagaron millonarias multas o se convirtieron en testigos de cargo contra sus cómplices.

Es evidente que se requiere una mayor drasticidad contra los corruptos, y ello parte de dimensionar la gravedad del delito que cometen. Por ejemplo, días atrás la Fiscalía indicó que durante el año pasado ocupó, con fines de extinción de dominio, casi 6.500 bienes pertenecientes o relacionados con grupos armados, carteles de las drogas, bandas criminales y casos de corrupción, valorados en 5,1 billones de pesos. Por sólo temas relacionados con corrupción, la entidad recalcó que afectó 354 bienes pertenecientes a James Francisco Arias Vásquez, alias ‘El Chatarrero’, avaluados en 1,8 billones de pesos; 6 inmuebles a nombre de Alberto Aroch Mugrabi, avaluados en 1 billón de pesos; 75 bienes relacionados con Enilce López, conocida como La Gata, avaluados en 15.000 millones de pesos; 23 propiedades de John Jairo Torres, alcalde detenido de Yopal (Casanare), valoradas en 200.000 millones de pesos, y 40 propiedades de Winston Leonel Torres, conocido como el ‘Abogado del Diablo’, por 26 mil millones de pesos.

También fue el actual Fiscal el que hace algunas semanas advertía que la lucha contra la corrupción debe ser global por tratarse de un fenómeno que se convirtió en una actividad ilegal trasnacional. En ese orden de ideas reiteró que es necesario acudir a la extradición de los corruptos para facilitar su  judicialización, pero también la prioritaria persecución de los patrimonios y activos ilícitos que no se derivan solo del narcotráfico, la minería ilegal o el contrabando.

Y, por último pero no menos importante dentro de esta reformulación de la lucha contra la corrupción, está la advertencia de Martínez en torno a que la corrupción es una amenaza a la democracia si la representación política no privilegia el debate de las ideas y termina siendo capturada por quienes acuden al foro solamente para servir sus intereses personales y para acceder a las rentas del Estado para su propio beneficio. Incluso el Fiscal General habló de una “clase emergente cuyo único ideario es el enriquecimiento desmedido a partir de la apropiación del patrimonio ajeno o del patrimonio público”.

Como se ve, es evidente que está en marcha desde la Fiscalía una reingeniería conceptual y operativa en la lucha contra la corrupción, un delito que, como lo advirtiera la Procuraduría meses atrás, bien puede estar moviendo 20 billones de pesos al año. Habrá que dejar madurar la nueva estrategia, aunque por lo pronto los primeros resultados son prometedores.