Al tenor de las encuestas el Congreso es el órgano político más desprestigiado del país. Es sabido que la opinión pública considera al Parlamento, no como la cuna de la democracia representativa, sino como la suma de muchos de los males que afectan al país, empezando por la corrupción, el clientelismo e incluso los nexos de la política con el narcotráfico, paramilitarismo, guerrilla, minería ilegal, carteles de contratación y otros de similar gravedad.
Si bien se trata de una visión exagerada porque así como hay senadores y representantes que incurren en conductas reprochables, hay otros que, por el contrario, son ejemplo de trabajo, transparencia y lucha indeclinable contra la corrupción, el desgreño administrativo, la ineficiencia estatal y la utilización de la función parlamentaria en beneficio propio y de intereses particulares o ilícitos.
Es en ese escenario en el cual se debe analizar la viabilidad de la campaña para la convocatoria de un referendo que reduzca el sueldo de los congresistas, hoy por encima de los 27 millones de pesos al mes, fijándole un tope de 20 salarios mínimos, lo que significa que la remuneración no llegaría a los 14 millones de pesos. De igual manera, se buscaría en la iniciativa de participación popular restringir la reelección inmediata de los congresistas, aumentar los castigos por inasistencia a las sesiones en las comisiones y plenarias, así como eliminar gabelas en materia de vehículos oficiales, escoltas, conductores, tiquetes aéreos y hasta bonos para el combustible.
La iniciativa fue inscrita a mediados del año pasado ante las autoridades electorales con el respaldo de más de 130 mil firmas y a finales de diciembre la Registraduría dio vía libre al respectivo comité promotor para que reúna en los próximos seis meses no menos de 1 millón 900 mil firmas. Sí pasan el filtro de revisión, entonces el proyecto de convocatoria de referendo será remitido al Congreso para iniciar su respectivo trámite.
Como era de esperarse la posibilidad de que los colombianos sean citados a las urnas para que se pronuncien sobre una rebaja en el sueldo de los congresistas ha tenido mucho eco en la opinión pública. Por lo menos así se desprende de lo afirmado esta semana por uno de los promotores de la campaña, según el cual ya suman más de un millón de firmas recolectadas en todo el país y esperan que en los próximos meses esa cifra se multiplique sustancialmente, con el fin de que el Parlamento, cuando estudie el respectivo proyecto, no pueda oponerse a la voluntad popular ni acudir a la nefasta ‘unidad de cuerpo’ de sus mayorías en Senado y Cámara para bloquear este mecanismo de participación popular.
Paradójicamente en el segundo semestre del año pasado en el Congreso se hundieron sendos proyectos que también buscaban, esta vez por la vía legislativa, reducir el salario de los parlamentarios. Uno de ellos, por ejemplo, proponía bajar de 40 a 32 salarios mínimos mensuales dicha remuneración para los próximos cuatro años. Aunque fue aprobado en la Comisión Primera del Senado, se hundió luego en la Plenaria por una evidente falta de voluntad política de los congresistas para apretarse el cinturón, precisamente en momentos en que discutían y aprobaban una drástica reforma tributaria que, por ejemplo, aumentó el IVA del 16 al 19 por ciento.
Como lo hemos reiterado en estas páginas, la soberanía reside en el pueblo y la mejor manera de ejercerla es la democracia directa. Cualquier esguince que se haga a esta premisa atenta claramente contra el espíritu constitucional. Ello fue, precisamente, lo que ocurrió con el plebiscito refrendatorio del acuerdo de paz, votado el pasado 2 de octubre, cuyo dictamen terminó siendo desconocido por el propio Congreso, con la anuencia del Gobierno, al abocar una inédita refrendación del remozado pacto con las Farc por la vía legislativa, desconociendo abiertamente el sentido del pronunciamiento del constituyente primario.
Cuando el referendo que propone rebajar el sueldo a los congresistas llegue a consideración del Legislativo, una vez más estará sobre la mesa el dilema de qué pesa más: la democracia directa y participativa, o la indirecta y representativa. La respuesta es más que obvia y, por lo mismo, sería un craso error del Parlamento bloquear o desconocer, una vez más, el mandato de la ciudadanía, ahora con el único fin de no reducir sus altos salarios en un país que atraviesa una estrechez fiscal drástica y en el que la parte más dura del apretón la están sobrellevando las clases con menos recursos.