Financiar 100% las campañas políticas con recursos del Estado fue la audaz propuesta que hizo ayer el presidente Santos con el fin de combatir la corrupción. Ello evitaría que dineros de las empresas y particulares respalden a candidatos, lo que a juicio de muchos genera compromisos indebidos. A pesar de que la iniciativa fue bien recibida en términos generales, por sí sola no generaría los efectos esperados.

Así lo consideran voces del Consejo Nacional Electoral, partidos políticos, un exregistrador Nacional y un analista político consultados por EL NUEVO SIGLO.

La financiación estatal total de las campañas políticas a corporaciones y cargos uninominales ha sido reclamada desde hace varios años por algunos como uno de los principales ingredientes de la aplazada reforma al Código Electoral.

El sistema vigente en Colombia en materia de financiación de las campañas política es mixto, es decir, que el Estado aporta una parte por la vía de reposición de votos y la otra parte está a cargo de los privados, en donde cabe desde los dineros de familiares y amigos del candidato, hasta los aportes  de las grandes empresas del país.

Por otro lado, el Estado financia anualmente en buena medida el funcionamiento de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, distribuyendo los dineros de acuerdo al número de escaños que las colectividades tengan en el Parlamento y de otros factores, como la participación que les den a las mujeres y a los jóvenes.

En marzo pasado se conoció que la firma brasileña Odebrecht financió en ese país con donaciones a 18 partidos y más de 200 políticos. Meses después estalló un escándalo al revelarse que esta multinacional pagó sobornos en varios países de Suramérica para quedarse con contratos.

En Colombia el clan Nule que se vio involucrado en el carrusel de la contratación en Bogotá financió parte de la campaña del alcalde Samuel Moreno, hoy tras las rejas por su participación en este escándalo.

Ayer en la instalación de la Misión Electoral Especial, que entregará en tres meses recomendaciones para una reforma a fondo del sistema electoral colombiano, el presidente Santos dijo que  “yo creo que a estas alturas con lo que estamos viendo, porque también hay que ser prácticos y oportunos, piensen si en este momento para el país por un par de periodos no sería conveniente una financiación 100% estatal”.

Mientras que el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, aseguró que “todos estos hechos de corrupción tienen un común denominador que es la financiación de campañas, financiación ilegal de campañas, ilegal de contrabandistas, ilegal de chanceros, ilegal de contratistas, de narcotráfico, de todas las fuentes que financian las campañas y que generan esta espiral de corrupción”.

Medidas adicionales

El magistrado del Consejo Nacional Electoral, Armando Novoa, dijo que la propuesta presidencial es positiva pero necesita otras medidas para que sea efectiva.

“Me parece que la propuesta del Presidente va en una buena dirección en el sentido que tiene que acompañarse la idea de una financiación estatal completa de por lo menos otras dos cosas. Primero establecer con claridad un periodo de duración de las campañas: en la actualidad en nuestra legislación no existe y se está viendo que ya las campañas electorales iniciaron. Ya hay varios precandidatos y no hay manera de hacerle control a los gastos de las actividades previas a la formalización de la campaña. Entonces tiene que haber un periodo más corto de campaña”.

En segundo lugar el magistrado Novoa dijo que hay que “prohibirse la propaganda electoral en los medios de comunicación, de tal suerte que el Estado adjudique a cada partido político un número de espacios determinado en forma equitativa para que esos costos derivados de los medios de comunicación se reduzcan drásticamente”. 

Novoa advirtió que la financiación estatal 100% de las campañas políticas “sin otras medidas como las que menciono y sin una modificación del Consejo Nacional Electoral, es una reforma que puede conducir a profundizar la corrupción política”.

Por su parte el analista político y director del tanque de pensamiento del Partido Liberal, Héctor Riveros, dijo sobre la propuesta que “me gusta, es obvio que la mayor causa de corrupción que tenemos es el costo que están teniendo las campañas políticas y el método que se usa: estar dando plata a los concejales, a los ediles, a todo el mundo, comprando a todo el mundo, y eso encarece mucho y evidentemente es una fuente de corrupción porque los políticos usan la contratación pública para financiar las campañas”.

No obstante, Riveros previno que si bien la financiación estatal del 100% de las campañas permite controlar los gastos, aunque es solo parcial porque “lo que se gasta en las campañas hay una parte formal que queda en los libros de contabilidad y hay otra parte informal, que no queda en ninguna parte y que se maneja mucho dinero en efectivo”. 

Riveros añadió que la medida “ayuda a controlar un poco pero no es suficiente, hay otras cosas que hay que discutir, la más importante para mí es que se acabe el voto preferente porque con la lista cerrada ya se controla y además le quita todo el incentivo que un congresista vaya y compre un concejal”.

Mientras que el copresidente del Partido Alianza Verde, el concejal Antonio Sanguino, dijo que respaldan la iniciativa. “Nos parece que es una manera de disminuir y eliminar los desequilibrios en la competencia electoral por cuenta de la financiación; que además es una manera también de disminuir los riesgos de corrupción en los que incurren quienes resultan elegidos como resultado de una financiación desproporcionada privada de las campañas electorales”.

Finalmente el exregistrador Nacional, Luis Camilo Osorio Isaza, se mostró en desacuerdo con la financiación estatal total de las campañas políticas.

Al respecto indicó que “estoy en completo desacuerdo, me parece que este sistema mixto combinado es el que debe tener lugar y siempre se analizó así, por eso está autorizado un doble acceso a recursos tanto públicos como de la empresa privada y de los particulares. Lo otro sería acabar de generarle a los políticos el monopolio del manejo de los dineros de las elecciones y el manejo del poder”.

En ese sentido, Osorio dijo que “ya estamos viendo lo que ha sido el manejo estatal, precisamente en estos últimos años de gobierno, donde ha habido uso, abuso y excesos de estatismo, en donde se ha logrado comprar todas las altas Cortes, todos los organismos del Estado de control para generar una situación muy adversa al país”.