Poner límites efectivos a los incentivos que a manera de retribución ofrece la justicia a las personas afectadas por medidas de extinción de dominio sobre bienes que reconozcan fueron adquiridas de forma ilícita, planteó la representante a la Cámara María Fernanda Cabal, de cara al segundo debate en las plenarias  del proyecto de reforma al Código de Extinción de Dominio.

Se trata del proyecto de ley número 171 de 2016 Senado, presentado el pasado 1° de noviembre por la entonces  fiscal general de la Nación (e), María Paulina Riveros Dueñas y el ministro de Justicia y del Derecho, Jorge Eduardo Londoño.

Esta iniciativa presentada con mensaje de urgencia por parte del Gobierno fue aprobada el pasado 13 de diciembre por las comisiones primeras del Senado y de la Cámara de Representantes.

La parlamentaria Cabal explicó a EL NUEVO SIGLO sobre el proyecto de reforma al Código de Extinción de Dominio que “hay que darle más dientes a la Fiscalía, pero seguimos alegando que no es premiando criminales, se está premiando lo que se llama la justicia premial. Sí creo que obviamente hay que pagar por delaciones, tiene que incentivarse que un criminal entregue otros, pero imagínense lo que pasó con este famoso ‘Chatarrero’: en lo que se le robaron al Estado, en complicidad  con unos funcionarios de la DIAN, este bandido tenía de patrimonio $1,8 billones en un país en donde no hay hospitales. Y el tipo con lo que se le incauta y con la justicia premial se le dejaron $55 mil millones”.

La Parlamentaria del Partido Centro Democrático dijo que el proyecto que reforma el Código de Extinción de Dominio es bueno, “pero lo que no me gustó es que se aumentara el monto a quienes tienen bienes. Es decir que si alguien adquirió su apartamento ilícitamente  y la Fiscalía lo descubre, pero si la persona dice que sí y no se desgastan en un proceso, y la persona confiesa y cuenta cómo es la red criminal, ¿por qué se le va a dejar un porcentaje o por qué se le va a ampliar el porcentaje de lo que ya estaba?”.

Cabal explicó que el fiscal Néstor Humberto Martínez “planteó que no fuera porcentaje sino que fueran salarios. Eso está bien, pero en el proyecto venía un aumento, que quedó en aumento. Creo que hay que ponerle límites porque no se ha frenado la criminalidad. Entonces no le demos más incentivos”.

Este proyecto de ley pretende agilizar el proceso de extinción de dominio, aumentar la eficiencia en la administración de los patrimonios ilícitos e incluye elementos relacionados con la justicia premial, dentro de los que se resalta el reconocimiento de la colaboración de terceros que denuncien y contribuyan con la justicia.

De acuerdo con el jefe del ente acusador, este proyecto es un avance significativo en la lucha contra la delincuencia, pues “el Estado no puede actuar como minusválido en esta lucha contra la criminalidad desde el punto de vista económico”, puntualizó.

Oralidad

La representante Cabal también hizo observaciones a lo aprobado en primer debate del proyecto en materia de oralidad en los procesos de extinción de dominio.

“Propusimos que fuera por vía oral para que fuera con mayor celeridad, pero vimos que el Fiscal a través de la senadora Viviane Morales pues utilizaron otros mecanismos, no propiamente la oralidad. Ellos se quejan del colapso de la Ley 906, que tiene sus virtudes. Consideramos que el sistema debe ser como en España, un sistema mixto utilizando las leyes 600 y 906”.