El Gobierno nacional anunció una guerra frontal contra la corrupción que según cálculos cobra algo más de $40 billones al año.

Además las fuerzas políticas y sociales exigieron la cesación de los contratos de la constructora brasileña que adelanta varias obras en el país.

La senadora de la Alianza Verde Claudia López, dijo que “lo de Odebrecht es mínimo. Ahora aceptan: la corrupción es una empresa criminal más difícil de combatir que las guerrillas y las Bacrim”.

A su turno el expresidente Andrés Pastrana dijo que el Gobierno debe poner fin a los contratos que en el país adelanta la internacional de la construcción de Brasil.

Guerra contra la corrupción

El presidente Juan Manuel Santos dijo que "hasta ahora ningún funcionario de mi gobierno ha sido señalado de haber sido sobornado por Odebrecht, pero si llegara a haberlo, ¡que le caiga todo, todo el peso de la ley!", enfatizó, y anunció que propondrá "por ley" que los corruptos no tengan el beneficio de "casa por cárcel".

"El cáncer de la corrupción ha hecho metástasis -como lo estamos sintiendo en estos días- y nos exige todavía más voluntad, más contundencia y mejor trabajo en equipo", anotó Santos, al saludar que ninguno de sus familiares haya hecho "un solo negocio con el Gobierno" o "estado envuelto en algún tipo de tráfico de influencias".

Santos dijo además que ordenó a la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, que entregue a la Fiscalía toda la información vinculada con los contratos cuestionados.

Odebrecht tuvo tres convenios con el Estado colombiano, informó en diciembre el Gobierno.

El primero de ellos fue en 2009 para la Ruta del Sol sector 2, un trayecto vial de más de 500 kilómetros que une el centro del país con el Caribe, ejecutado durante el mandato de Uribe.

Adicionalmente hubo otros dos proyectos, ambos en el gobierno de Santos: la vía Puerto Boyacá-Chiquinquirá, adjudicada en abril de 2012, y otro para darle navegabilidad al río Magdalena, el afluente más importante del país, licitado en agosto de 2014.

Por el contrato de 2009, el exviceministro de Transporte, Gabriel García, se declaró el domingo culpable de recibir US$6,5 millones para garantizar que Odebrecht fuera la firma habilitada.

La próxima audiencia en su caso será una acusación. La Fiscalía retomará los hechos y él deberá confirmar su aceptación de cargos, el juez del proceso emitirá un sentido de fallo que desde ya se anticipa que es condenatorio y luego se conocerán los años de condena. Mientras tanto permanecerá en el pabellón de servidores públicos de la cárcel la Picota.

También fue capturado el exsenador Otto Bula, suplente entre 1998-2002 y 2002-2006 de Mario Uribe, primo del expresidente Álvaro Uribe y preso por vínculos con paramilitares. Según la Fiscalía, Bula fue contratado por Odebrecht en agosto de 2013 para favorecer una adición a este contrato.

Las informaciones indican que Bula hizo el llamado lobby ante las comisiones tercera, cuarta y sexta del Senado. A pesar que los recursos para la ruta Ocaña-Gamarra por $1,2 billones fueron aprobados en un Conpes de octubre del 2014.

Al parecer son contundentes las pruebas de la Fiscalía que demostrarían que Bula sí habría recibido US$4,6 millones de Odebrecht para lograr que los contratos de la Ruta del Sol fueran adjudicados a la firma.

El Jefe del Estado solicitó al director de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, a Andrade entregar "la lista completa de quiénes participaron en la definición del modelo financiero y contractual del proyecto" por el cual se habría dado el soborno en su Gobierno.

Gremio expulsa a Odebrecht

A propósito de las recientes noticias relacionadas con sobornos de la multinacional brasileña Odebrecht para hacerse a multimillonarios contratos, la Cámara Colombiana de la Infraestructura, CCI, en Junta Directiva convocada en el periodo vacacional tomó la decisión de expulsar del gremio a dicha compañía.

La CCI conmina al Gobierno y a los nuevos rectores de las instancias de control, Edgardo Maya, Néstor Humberto Martínez y Fernando Carrillo, a liderar con toda decisión y energía una gran cruzada nacional para combatir y erradicar el fenómeno corrosivo de la corrupción en la contratación, originado, en buena parte por la injerencia perniciosa de algunos sectores políticos en los procesos contractuales.

El gremio reitera su preocupación de vieja data en el sentido de definir legalmente la adopción de un ´pliego-tipo´ obligatorio, como principal antídoto para ponerle freno, de una vez por todas, al flagelo de la corrupción que carcome a la contratación, mediante licitaciones manipuladas en favor de únicos oferentes.

Para este propósito, la CCI también insta al Gobierno y a las cabezas de los órganos de control a brindar apoyo irrestricto al proyecto de ley que contempla la mencionada figura del ´pliego-tipo´. La iniciativa, actualmente cursa su trámite en el Senado de la República.

Más allá de la adopción de la figura del pliego-tipo vinculante por ley, el presidente del gremio de la infraestructura hizo además un llamado vehemente a todos los empresarios del país para que, con comportamientos éticos y morales, se sumen a esta cruzada, sin mayor dilación.

Por último, el vocero del gremio advirtió que es evidente la frustración de muchos colombianos al ser testigos del desangre sistemático del erario por cuenta de malas prácticas en la contratación.

Seguirá la investigación

El pasado 21 de diciembre de 2016, con ocasión del acuerdo de colaboración suscrito por Odebrecht ante las autoridades de los Estados Unidos, el Departamento de Justicia de ese país manifestó frente a los sobornos efectuados en 12 naciones que "en el caso de Colombia, los pagos suman US$11 millones entre 2009 y 2014 para asegurarse contratos de obra pública".

Las indagaciones de la Fiscalía han llegado a concluir que los pagos efectuados por Odebrecht para obtener dos contratos de obra pública a nivel nacional ascendieron a US$11,1 millones, así:

Un primer pago de US$6,5 millones para lograr la adjudicación de la concesión, por el Instituto Nacional de Concesiones, INCO, dirigido en calidad de encargado por Gabriel García Morales, entonces viceministro de Transporte de la época, del tramo dos de la Ruta del Sol. Este contrato fue adjudicado en diciembre de 2009 y firmado en enero de 2010.

Un segundo pago por US$4,6 millones, para la adjudicación de la vía Ocaña-Gamarra, mediante su contratación por adición al contrato del tramo dos de la Ruta del Sol.

Esta adición se hizo mediante el otrosí número 6, firmado el 14 de marzo de 2014 por el director de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, Luis Fernando Andrade.

*Esta nota ha sido actualizada dos veces.