Odebrecht, una bola de nieve que crece | El Nuevo Siglo
Domingo, 22 de Enero de 2017
Redacción Economía

Desde Panamá y Andorra, considerados paraísos fiscales, fueron girados los US$11 millones con que la constructora brasileña Odebrecht pagó los sobornos a funcionarios colombianos en el caso de la licitación del Tramo II de la Ruta del Sol.

Así lo estableció la investigación que sobre el tema adelanta la Fiscalía General de la República. El organismo de vigilancia señaló que desde el destape del escándalo en diciembre de 2016 en una corte de Nueva York, Estados Unidos, donde los directivos de Odebrecht reconocieron el pago de coimas por US$788 millones, se inició la indagación en Colombia.

El primero en caer fue el exviceministro de transporte de la administración del expresidente Álvaro Uribe Vélez, Gabriel García Morales, quien reconoció haber recibido un pago por US$6,5 millones de pesos para arreglar la licitación de la vía a las necesidades del grupo brasileño.

García fue enviado a prisión a la cárcel La Picota al sur de Bogotá por un juez por los delitos de cohecho, interés en la celebración de contratos y enriquecimiento ilícito.

Las investigaciones de la Fiscalía siguieron el rastro y el segundo en caer fue el exsenador liberal Otto Bula Bula.

Con Bula se logró jalar más el ovillo de este escándalo y se reveló como pudo convencer a las autoridades de infraestructura agregar un otrosí al contrato de Odebrecht para que además de la Ruta del Sol, entrara a construir la vía Gamarra-Ocaña, que a juicio del expresidente Uribe favorecía a los familiares de la exministra Gina Parody.

Bula, al igual que García fue recluido en el mismo centro penitenciario.

Igualmente fueron nombrados inicialmente el representante a la Cámara Alfredo Cuello Baute y el senador Bernardo Miguel Elías, sobre ellos no se ha definido aún nada y la investigación al interior del Congreso y de funcionarios del Gobierno continúa,

 

Tormenta política

Esta parte del contrato, la adición que costó $900 millones, para la carretera Gamarra-Ocaña, fue considerada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, como que hubo interés personal de la ex ministra Cecilia Álvarez, quien en ese tiempo ocupaba la cartera de Transporte.

Dentro de las llamaras ‘almendras’ el expresidente Uribe sostuvo que he condenado sin vacilación que personas vinculadas a mi Gobierno como Gabriel García hubieran sido sobornadas. La Ruta del Sol estuvo siempre asesorada por la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial. En el tramo dos participaron tres proponentes incluso por reclamo de uno de ellos hubo nuevas audiencias públicas modalidad introducida por nuestro Gobierno para asegurar transparencia.

“A Gabriel García no lo nombré por recomendación clientelista. Pedí candidato para Viceministro a la Cámara de Comercio de Cartagena tal cual lo ha certificado la doctora Silvana Giaimo quien fuera directora de la entidad”, señaló el senador del Centro Democrático.

Los hechos indican que se formuló un replanteamiento del trazado de la Ruta del Sol II para que la vía pasara cerca de los puertos en los que la familia de la exministra de Educación Gina Parody tiene intereses económicos.

“El documento Conpes se aprobó sin que las ministras se declararan impedidas, lo que presuntamente constituiría otra irregularidad”, dice el exmandatario.

Sobre el tema, el representante de Odebrecht en Colombia,

Uribe también pide que se aclare si el secretario privado de la Presidencia, Enrique Riveira, llamó al presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, Luis Fernando Andrade, para presionarlo y así lograr la adicción.

En un abrir y cerrar de ojos la señora Cecilia Álvarez y el director de la ANI, Luis Fernando Andrade, cambiaron de criterio, dejaron de oponerse y se autorizó una adición de 900 mil millones.

En una comunicación las señoras Álvarez y Parody señalan que se trata de una cortina de humo mentirosa.

“Nadie en Colombia se sorprende de ver a Álvaro Uribe lanzando cortinas de humo con artimañas mentirosas y cargadas de odio”, sostuvieron las exministras.

En su comunicación insistieron en que solo hay dos personas que pudieron haber recibido dinero por corrupción en el escándalo de Odebrecht, las cuales trabajaron en el Gobierno de Uribe y tienen vínculos directos con su familia.

“¿Por qué no responde a lo que debe responder, senador Uribe?”, preguntan las exministras.

Finalmente, dicen que están tranquilas porque han sido honestas, pese al miedo que causa “el daño que es capaz de hacer un hombre lleno de odio y que oculta maldad hasta con sus seres queridos”.

El representante legal de Oderbrecht en Colombia, Eleuberto Antonio Martorelli al hablar con las autoridades brasileñas sobre la obtención del otrosí al contrato de obra de la vía Ocaña – Gamarra de la Ruta del Sol. En esa declaración Martorelli dice que asumió el cargo del director Superintendente en Colombia en enero de 2013 sustituyendo a Luiz Antonio Bueno Junior.

Martorelli explica en esa declaración que “desde mediados de 2012 la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, venía siendo presionada por comunidades y fuerzas políticas de Cesar y Norte de Santander para desarrollar un proyecto de red vial de Cúcuta – Ruta del Sol – Puerto Fluviales”.

Dice Martorelli que la ANI envió un oficio a la Concesionaria sobre la estructuración del tamo denominado “Ocaña Gamarra” de 90 kilómetros de carretera desde Ocaña – Rio de Oro hasta Gamarra – Puerto Capuco. En julio de 2013 se firmó el otro sí para que Odebrecht realizara los estudios de obra. Según Martorelli el valor de la obra estimado era de $1,2 billones, es decir US$450 millones. Valor por el cual efectivamente se hizo la adición a Ruta del Sol II.

 

No solo la Ruta del Sol

Pero el caso de Odebrecht no solo tiene que ver con el Tramo II de la Ruta del Sol. El miércoles el senador del Polo Democrático, Jorge Enrique Botero denunció que el Banco Agrario le aprobó a Odebrecht un crédito por $120 mil millones, luego de que la Superintendencia de Sociedades le decretara la causal de disolución a la filial de la firma brasilera.

Robledo señaló que el Banco Agrario aprobó el crédito dos semanas después de la decisión de la Supersociedades y con una tasa de interés de DTF+2, mientras que a una persona natural le cobra usualmente un interés de DTF+5 sobre el crédito aprobado.

Según la entidad de vigilancia para el tercer trimestre de 2015, la filial en Colombia de Odebrecht reportó activos por $25.494 millones y pasivos por $29.399 millones, situación que llevó a la Supersociedades a decretar su insolvencia.

Odebrecht posee el 86% del Consorcio Navelena, mediante dos empresas, firma temporal a la que le fue asignado el contrato de navegabilidad del Río Magdalena.

Navelena aún no ha presentado formalmente el cierre financiero del proyecto y, ante las advertencias del Gobierno, presentó una carta en la que exponía el plan mediante el cual lograrían dicho cierre.

En caso de que existieran irregularidades en el crédito a Odebrecht tal como lo expuso Robledo, el contrato de Navelena se convertiría en el segundo caso de corrupción en el que está involucrada la firma brasilera en Colombia, luego de que se confirmara el pago de sobornos dentro del proceso de licitación del Tramo II Ruta del Sol.

 

La ANI

La Agencia Nacional de Infraestructura que es la entidad del gobierno que estructura los proyectos decidió en medio de este escándalo dar por terminado el contrato con Odebrecht para la construcción del Tramo II de la Ruta del Sol.

El presidente de la ANI, Luis Fernando Andrade, aclaró que el mecanismo utilizado fue una demanda por nulidad ante el tribunal de arbitramento del contrato, pues este falla más rápido que la justicia ordinaria y se espera tener una decisión en firme en los próximos meses.

Dijo el funcionario que cuando el tribunal expida su decisión es posible reabrir la licitación para que las obras que se verán interrumpidas se reactiven y poderlas terminar.

Sostuvo Andrade que este es un mecanismo jurídicamente sólido que permite proteger los derechos de los usuarios y terceros afectados como el sector financiero.

A su turno el vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, dijo que la nulidad del contrato permitirá en un tiempo realmente corto abrir una licitación para buscar un nuevo contratista que se encargue de los cerca de 200 kilómetros que hacen falta de esta carretera, considerada como una de las más importantes para el comercio exterior del país.

Igualmente Andrade anunció una auditoría externa para establecer la responsabilidad que puedan tener funcionarios de la entidad en las irregularidades detectadas en los contratos de la Ruta del Sol.

 

Contraloría y Procuraduría

Las entidades del control del país también terciaron en el escándalo de Odebrecht. La Contraloría anunció que entrará a investigar el gran número de autorizaciones mineras temporales otorgadas al concesionario del Proyecto Vial Ruta Sol Tramo II, en total 123, para determinar si se cumplieron los procedimientos de ley para su obtención, como contar con licencia ambiental al día y vigente, y que no se hayan utilizado con fines diferentes y generando rentas económicas.

Con este fin, la Contraloría Delegada de Minas y Energía revisará detalladamente el suministro de material intensivo para las obras de la Ruta del Sol. Desde abril de 2010, la concesión empezó a prestar servicio, pero ha llamado la atención de la CGR el gran número de autorizaciones mineras temporales que se efectuaron durante la ejecución del proyecto.

Se destaca de manera importante la autorización temporal material para la obtención de material y agregado mineral.

Este número de autorizaciones temporales es de los más altos del país para empresa alguna. Ni siquiera empresas que tienen como actividad principal la minería tienen ese número de títulos mineros, así sea en condiciones temporales, señala el informe de la Contraloría.

De forma descriptiva, 76 Autorizaciones temporales se describen con denominaciones de obra, las cuales deben ser comprobadas dentro de los elementos constitutivos de la obra física, pero 47 sólo hacen referencia a la existencia de un contrato de concesión y no hay asociación detallada a que parte de la obra entregaron material.

La Procuraduría tomó la determinación de constituir una comisión integral de investigación e intervención para el caso Odebrecht, que tiene un plazo perentorio de una semana para mostrar resultados frente a las denuncias de corrupción ampliamente conocidas por el país y por el mundo.

“Una comisión que estará integrada por una procuraduría delegada para la Contratación Estatal; un procurador delegado para la Intervención Judicial, el director de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales y un equipo de procuradores judiciales y asesores especializados” anunció el procurador general de la Nación.

Precisó que “(…) sin perjuicio de los resultados que nos ponga sobre la mesa esa comisión vamos a presentar inmediatamente ante la justicia una acción popular en defensa de la moralidad y el patrimonio público.”

“Yo he dicho que la seguridad jurídica no puede ser el blindaje de los corruptos. Por supuesto que estamos dispuestos a brindar la seguridad jurídica y la tenemos que garantizar, pero para quienes no han incurrido en estas conductas tan lesivas para los derechos de los colombianos y para el patrimonio público”, añadió el procurador, Fernando Carrillo, quien también anunció que la comisión creada revisará y analizará las actuaciones disciplinarias que se hayan llevado a cabo en el pasado.

“Es indignante, de verdad, para los colombianos que proyectos esenciales para el desarrollo del país terminen, como ya se ha dicho, en coimas o en sobornos”, aseguró Carrillo.

 

Gremio lastimado

Ante esta situación la Cámara Colombiana de la Infraestructura, gremio que agrupa a las principales empresas del sector en el país, decidió expulsar a Odebrecht.

En un comunicado el gremio señaló que la Cámara Colombiana de la Infraestructura, CCI, en Junta Directiva convocada en el periodo vacacional– tomó la decisión de expulsar del gremio a dicha compañía.

La CCI conmina al Gobierno y a los nuevos rectores de las instancias de control, doctores Edgardo Maya, Néstor Humberto Martínez y Fernando Carrillo, a liderar con toda decisión y energía, una gran cruzada nacional para combatir y erradicar el fenómeno corrosivo de la corrupción en la contratación, originado, en buena parte, por la injerencia perniciosa de algunos sectores políticos en los procesos contractuales.

El gremio reitera su preocupación de vieja data en el sentido de definir legalmente la adopción de un ´pliego-tipo´ obligatorio, como principal antídoto para ponerle freno, de una vez por todas, al flagelo de la corrupción que carcome a la contratación, mediante licitaciones manipuladas en favor de únicos oferentes.

Para este propósito, la CCI también insta al Gobierno y a las cabezas de los órganos de control a brindar apoyo irrestricto al proyecto de ley que contempla la mencionada figura del ´pliego-tipo´. La iniciativa, actualmente, cursa su trámite en el Senado de la República.

Más allá de la adopción de la figura del pliego-tipo vinculante por ley, el Presidente del gremio de la infraestructura hizo además un llamado vehemente a todos los empresarios del país para que, con comportamientos éticos y morales, se sumen a esta cruzada, sin mayor dilación.

Por último, el vocero del gremio advirtió que es evidente la frustración de muchos colombianos al ser testigos del desangre sistemático del erario por cuenta de malas prácticas en la contratación.

Esta semana se continuará con el accionar la Fiscalía y se esperan nuevos resultados en la lucha contra la corrupción y en el caso Odebrecht mayor claridad sobre quienes aceptaron los sobornos y se lucraron de los recursos del Estado a través de adjudicación irregular de contratos.