El Código Nacional de Policía y de Convivencia Ciudadana es considerado como la norma marco de las reglas del juego para el comportamiento de las personas en comunidad. El que estaba vigente hasta ayer contenía mandatos de hace, incluso, cuarenta años y muchas de las sanciones y multas que contemplaba eran abiertamente desuetas y hasta risibles. Afortunadamente, tras varios intentos fallidos, el Congreso supo sacar avante una reforma de amplio espectro a mediados del año pasado y tras seis meses para su socialización a nivel nacional, entró hoy en vigencia.

La nueva norma castiga una gran cantidad de comportamientos anómalos que lamentablemente se han vuelto pan de cada día entre los colombianos. Por ejemplo se sanciona a quienes se cuelen en los sistemas de transporte masivo, también a los vecinos ruidosos e igualmente a las personas que acostumbran a votar basura en horarios y lugares no autorizados. No menos importante son los nuevos controles para evitar la invasión del  espacio público así como la regulación para el funcionamiento de todo tipo de establecimientos. En un país en el que prácticamente cada hogar tiene por lo menos una mascota, el Código también fija efectivas reglas del juego para su tenencia. Punto alto merecen las medidas para atacar el hurto de celulares, que es sin duda el delito de más alto impacto hoy en Colombia. También deben destacarse las normas claras para los ciclistas y el respeto de las ciclorrutas. En materia ambiental se avanza de manera sustancial y ahora tanto la Policía como las autoridades locales tienen más facultades para castigar a quienes contaminan fuentes de agua, atenten contra el entorno natural o instalan avisos en sitios prohibidos. Era urgente, así mismo, la restricción al porte de pistolas de descargas eléctricas o armas de fogueo.

Entre las medidas que más han generado expectativa -y polémica- en este nuevo Código de Policía están las facultades que tendrán los uniformados ahora para poder ingresar a una vivienda sin tener previa orden judicial. También llaman la atención varias herramientas para que la ciudadanía pueda controlar el accionar de la Fuerza Pública e incluso grabarlo para sustentar cualquier denuncia de posible abuso o extralimitación en sus funciones.

Aunque las autoridades sostienen que se hizo un ejercicio de pedagogía bastante amplio a nivel nacional durante los últimos seis meses para que la mayoría de los colombianos conocieran este reglamento de convivencia y seguridad ciudadana, hay sectores que advierten que dicha campaña fue insuficiente y muchas personas hoy ignoran no solo el amplio espectro de  conductas anómalas que serán sancionadas, sino el alto monto de los castigos en materia económica o incluso de arresto preventivo. Tendrá que continuarse, en consecuencia, con la socialización de la norma para evitar roces y enfrentamientos entre los uniformados y las comunidades.

De otro lado, constituye un elemento de preocupación el hecho de que en la Corte Constitucional cursen no menos de cuarenta demandas contra el Código, que deben empezar a ser resueltas  rápidamente para darle seguridad jurídica a la norma. Aunque algunas de esas impugnaciones seguramente serán desechadas por no tener el suficiente piso jurídico y soporte argumental, hay otras en las que existe la posibilidad de que el alto tribunal pueda tumbar o restringir el alcance del articulado respectivo, sobre todo frente a temas como el principio de inviolabilidad de la residencia, garantías debido a proceso y el siempre gaseoso límite entre lo penal y lo contravencional.

Por ahora lo importante es que autoridades y comunidades se apliquen al nuevo Código. Al menos en estas primeras semanas algunas de las sanciones podrían darse en el campo de lo educativo y preventivo, salvo que se trate de conductas graves en donde no hay la mínima posibilidad de ser flexibles con los infractores.

Colombia, por fin, tiene un nuevo Código de Policía y Convivencia Ciudadana. Un código moderno, ágil en la aplicación de la autoridad, con sanciones ejemplarizantes y de poder disuasivo, pero a la misma vez un Código garantista y respetuoso de los derechos humanos así como con herramientas tangibles para denunciar casos de abuso y extralimitación de funciones por parte de los uniformados, que son los primeros llamados a dar ejemplo del cumplimiento estricto de la ley.

Que arranque, entonces, esta renovada norma y que las autoridades y la ciudadanía lo apropien prontamente para que la tranquilidad impere.