Los hechos sucedidos en la madrugada del martes en la Calle 170 en la zona de La Conejera, en el noroccidente de la capital del país, donde un presunto grupo de taxistas atentó contra una pareja que se movilizaba en un carro particular que fue incendiado porque supuestamente era un vehículo al servicio de la plataforma Uber, pusieron en alerta a las autoridades.

Mientras el dueño del vehículo incendiado aclaró que no trabaja con Uber y que los atacantes les rociaron gasolina, el viceministro de Transporte, Alejandro Maya, rechazó la situación que se presentó. “Hemos solicitado a la Policía que se capture de manera rápida a los responsables de esta situación que catalogamos como un acto terrorista”.

En este sentido, el dueño del vehículo incinerado relató: “Le presté el vehículo a un amigo. Salió de la Zona Rosa hacia Suba. Tuvo percances con taxistas y presumieron que era de Uber. No trabajamos con Uber. Mi amigo estaba acompañado de una amiga porque la iba a llevar a la casa. Los sacaron del vehículo con pistola, les echaron gasolina en toda la ropa, incendiaron el carro, les quitaron el celular y la plata y los mandaron para matorrales. Casi los queman vivos”.

Para dar con el paradero de los responsables, el Ministerio de Transporte y la Policía Nacional ofrecieron hasta 10 millones de pesos a quienes entreguen información oportuna para capturarlos.

El Viceministro recalcó que según la Ley 336 de 1996, para prestar un servicio de transporte público en Colombia, el interesado debe habilitarse como empresa de transporte y facilitar el servicio a través de un vehículo autorizado. Agregó que quienes no estén bajo ese marco regulatorio se consideran como un servicio ilegal: “Hay una acción decidida por parte del Gobierno nacional para contrarrestar el servicio ilegal de transporte en Colombia”.

En 2016 fueron inmovilizados 35 mil vehículos por prestar el servicio de manera ilegal a través de plataformas. Cuatro de ellas ya han radicado solicitud ante el Ministerio para hacerse legales.

De otra parte, Maya sostuvo que el 5 de noviembre de 2016 se interpuso una demanda ante el juez 45 civil del circuito de Bogotá, a quien se le solicitó que se desactive la plataforma Uber como medida cautelar, por prestar un servicio de transporte público ilegal.

Entre tanto, el general Ramiro Castrillón, director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, informó sobre el trabajo que ya adelanta la entidad para dar con los responsables: “Vamos a capturar a los responsables de este hecho. Los miembros de inteligencia y policía judicial serán los encargados de hacer las averiguaciones correspondientes. Existen varias versiones que fueron en contra de Uber, que fue la delincuencia común. Esperemos que la investigación arroje los resultados del caso”.

Por su parte, el superintendente de Puertos y Transporte, Javier Jaramillo, se refirió a las investigaciones que desde la entidad se adelantan para combatir la ilegalidad en el servicio de transporte público: “Tenemos 10 plataformas en investigación, ya se abrió proceso a tres de ellas y una se sancionó por no presentar la información requerida. A Uber el año pasado se le sancionó por infringir la Ley 105 donde dice que no se debe facilitar el servicio en una modalidad no autorizada. Fueron 480 millones de pesos de multa, los cuales ya pagó”.

Al tiempo que el secretario Distrital de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo, dijo que el Gobierno nacional debe decidir si quiere o no a Uber en el país y las condiciones en que prestarían este servicio, Hugo Ospina, uno de los representantes de los taxistas señaló que el problema se le está saliendo de las manos al Gobierno. "Es un acto de terrorismo lo que sucedió".

Así mismo, mientras siguen los problemas entre taxis amarillos y Uber, el representante a la Cámara por Bogotá Carlos Eduardo Guevara, del MIRA, aseguró que el Gobierno nacional y el Congreso de la República deben buscar una solución inmediata y definitiva al enfrentamiento entre el gremio de taxistas y plataformas virtuales de transporte “antes de que ocurra una tragedia mayor en el país, pues se está colocando en alto riesgo a la ciudadanía en general”.