Minería criminal: ¿batalla perdida?

¿Puede darse el lujo el Estado colombiano de dar por perdida la guerra contra la minería criminal? La pregunta, desde luego, tendría de inmediato una respuesta negativa. No obstante, por los hechos, parecería que el Estado se encuentra apacible y sin reproche con lo que está aconteciendo en los diferentes territorios del país, en especial, aquellos departamentos ricos en minerales, particularmente en oro. Allí donde, a diario, los criminales no solo depredan el medio ambiente, obligan a la esclavitud de menores, deterioran la salud, impiden el curso de los derechos humanos y acaban el tejido social, sino que obtienen muchos más réditos ilícitos que a través de las ganancias del narcotráfico.

Colombia, desde las épocas de la colonia, estuvo diseñada para ser un país minero, gracias a sus recursos que fueron noticia principalísima durante siglos. De hecho, buena parte de la colonización se dio bajo esos criterios. Posteriormente, sin embargo, fue perdiendo la vocación, aunque algunas de las bases republicanas se sentaron sobre los ingresos tributarios del sector. Solo recientemente, hará unas dos décadas, la nación volvió por los fueros mineros cuando se comenzó a recuperar el orden público. Pero, ¡oh sorpresa!, ello no sirvió para obtener y consolidar la soberanía nacional en aquellas zonas que, por el contrario, parecen hoy cedidas, en una buena proporción, a los agentes criminales que han impuesto su ley sin mayores reparos por parte del Estado y que han logrado establecer un orden delincuencial paralelo, vigente y en ascenso.

Un reciente informe de la Contraloría General de la República vuelve a llamar la atención sobre el tema. Es deplorable constatar, ciertamente, que el país por carencia de una política mancomunada y vigorosa en la materia pierda, según la entidad, unos seis billones de pesos en regalías al año mientras que, al contrario de enfrentar el fenómeno, recurre a la exacción a través de los dolorosos incrementos del IVA, los combustibles, el transporte y una porción considerable de la canasta familiar.

Pero la calentura no está en las sábanas. Está bien, desde luego, la advertencia de la Contraloría. Sin embargo, hay que ir más allá y revisar el fenómeno en toda su dimensión. Porque resulta al menos insuficiente quedarse con que la falta de control se debe única y exclusivamente a las Corporaciones Autónomas Regionales. Para quienes conozcan a fondo el asunto es fácil advertir que ellas, si bien tienen la responsabilidad ambiental regional, no tienen ni el presupuesto, ni la infraestructura, ni las capacidades para actuar en solitario frente al reto que, en su conjunto, se plantea en las diversas zonas del país. Un reto que, a no dudarlo, tiene alcance nacional. Y que, por lo tanto, exige una política de Estado, permanente y sistemática.

La intoxicación de las aguas con mercurio, la devastación forestal para establecer las actividades extractivas ilícitas, la mano de obra infantil o la de los adultos sin seguridad laboral alguna, la fácil y expeditiva monetización de los recursos ilegales, el contrabando de la costosa maquinaria correspondiente, las operaciones amparadas en bandas armadas y el concierto para delinquir, entre otras circunstancias, son responsabilidades, no solo de las entidades ambientales, sino de múltiples ministerios, de las gobernaciones y de las alcaldías. De modo que la acción debe concitar la mayor cantidad de voluntad estatal posible, porque básicamente es un tema de orden público del cual se desprenden las demás aristas, afectando la salubridad, el medio ambiente, el orden legal minero, los derechos humanos y las finanzas públicas. Se trata, pues, de recuperar el principio de autoridad y el ejercicio pleno de la soberanía. Y con ello verdaderamente ejercer el control territorial, inclusive en los parques nacionales donde se adelantan este tipo de actividades sin posibilidades de reversión. Y no se trata solo de la minería aurífera. También está la del Coltán y otros minerales indispensables para la gran variedad de tecnologías actuales.

Valga, entonces, la oportunidad brindada por el informe de la Contraloría para tomar el toro por los cuernos. Hace un tiempo la alianza entre los ministerios de Ambiente, Defensa y Minas, permitió diseñar una política para actuar decididamente contra el fenómeno criminal, incluso produciendo, no solo la incautación, sino la desactivación operativa de la maquinaria, precisamente para evitar casos como los del Chocó y Antioquia. Así se hizo con base en la legislación internacional y el ejemplo peruano, pero desde el paro agrario y minero se suspendieron los esfuerzos. Hoy la minería criminal sigue siendo uno de los grandes retos del llamado posconflicto. De nada vale sustituir fenómenos de criminalidad por otros. Colombia, desde luego, no puede dar esa batalla por perdida.