La punta del iceberg | El Nuevo Siglo
Viernes, 13 de Enero de 2017

Desde el mismo momento en que en diciembre pasado se anunció el acuerdo judicial entre la compañía Odebrecht, la Procuraduría de Brasil, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la Procuraduría General de Suiza, a través del cual la multinacional constructora aceptó su culpabilidad en el pago de sobornos en más de doce países en tres continentes para hacerse a contratos de obras públicas y privadas, se sabía que el escándalo tendría su coletazo en Colombia.

Cuando estalló el caso Odebrecht en Brasil, que incluyó una compleja red de corrupción a través de la petrolera estatal Petrobras, que puso en la mira judicial a buena parte de la cúpula del entonces gobernante Partido de los Trabajadores (PT), incluyendo al propio expresidente Inacio Lula Da Silva, empezaron a circular versiones en torno a la forma en que en Colombia esa multinacional de la construcción y la infraestructura se había ganado varios contratos y licitaciones de obras, en asocio con otras firmas locales y extranjeras.

Sin embargo, fue el 21 de diciembre, cuando la multinacional firmó un acuerdo judicial para pagar una multa por 2.600 millones de dólares a Estados Unidos, Suiza y Brasil por el pago de sobornos a funcionarios gubernamentales, cuando se dio el banderazo definitivo para las pesquisas en Colombia. En dicho pacto jurídico la multinacional aceptaba que en nuestro país el monto de las coimas había ascendido a 11 millones de dólares entre 2009 y 2014 para asegurarse contratos de obra pública.

Según lo indicó ayer el fiscal Néstor Humberto Martínez, de inmediato se abrió una investigación y se entró en contacto con las autoridades de EU, Brasil y Suiza, más aún porque en el acuerdo judicial la multinacional se comprometía a colaborar con las investigaciones en los distintos países. Ello explica por qué en apenas tres semanas las autoridades colombianas ya lograron identificar un primer caso de soborno de Odebrecht por un monto de 6,5 millones de dólares para lograr la adjudicación de la concesión, por parte del Instituto Nacional de Concesiones (INCO), dirigido en ese momento -en calidad de encargado- por Gabriel García Morales, entonces Viceministro de Transporte de la época, del Tramo Dos de la Ruta del Sol. Anoche mismo el exalto funcionario fue capturado y estarían alistándose otras detenciones al tener hasta pruebas documentales del pago de los sobornos. A ello se suma que siguen bajo la lupa otra serie de contratos en donde participó o participa la multinacional brasileña, tanto del orden nacional como regional, con el fin de establecer quién o quiénes recibieron los restantes sobornos.

En otras palabras, este primer caso es apenas la punta del iceberg en un escándalo de corrupción que podría llevarse por delante a una cantidad significativa de funcionarios públicos y particulares, más aún porque Odebrecht solicitó acogerse a un Principio de Oportunidad que le permitiría esquivar la persecución penal a cambio de delatar todo el entramado de corrupción y sus cómplices en Colombia.

Si  bien en países como Panamá, Argentina, Perú, Ecuador, México, Venezuela y otras naciones ya se avanza en las pesquisas sobre sobornos de esa compañía brasileña, Colombia es el más adelantado en la materia, logrando incluso una disposición de la multinacional a pagar una indemnización al Estado por más de 32 mil millones de pesos, oferta que ya fue aceptada.

La Fiscalía, pues, debe llevar hasta las últimas consecuencias en este caso, de forma tal que el descubrimiento y judicialización de los responsables de cada uno de los contratos que se obtuvieron mediante transacciones ilícitas se convierta en un ejemplo en la difícil lucha contra la corrupción, el cáncer que carcome al país. No hay que olvidar que si bien el caso Odebrecht ha tenido mucho impacto mediático,  apenas unas semanas antes la Contraloría había puesto sobre la mesa un descalabro aún más grave: un daño fiscal por 8,5 billones de pesos en el proceso de construcción y puesta en operación de la Refinería de Cartagena. Aquí las pesquisas todavía no avanzan al ritmo requerido pese a tratarse de la posible afectación de recursos públicos más cuantiosa de la historia en Colombia.

La corrupción es un monstruo de mil cabezas en un país en el que este flagelo, lamentablemente, mueve más de 20 billones de pesos al año. Sin embargo, no se puede bajar la guardia y la Fiscalía está dando ejemplo de ello. En medio de un sinnúmero de casos a cual más graves y lesivos, tanto el de Odebrecht como el de Reficar están llamados a convertirse en ejemplos de cómo el Estado no se resigna a perder la batalla contra la delincuencia de cuello blanco, caiga quien caiga.