Lo peor que le podría pasar a las investigaciones que los entes de control en Colombia ya están adelantado frente a casos muy impactantes de corrupción y desgreño administrativo, ya sea por el monto de recursos públicos involucrados, la gravedad de las maniobras ilícitas o incluso por la trascendencia de los autores materiales e intelectuales de las anomalías, es que todo termine reducido a un tinglado político propio de la polarización que impera en el país.

Semanas atrás, cuando la Contraloría dio a conocer los resultados de su primera auditoría sobre el proceso de construcción y puesta en marcha de la Refinería de Cartagena, llegando a la conclusión de que el posible daño fiscal podría ascender a 8,5 billones de pesos, el más cuantioso en la historia reciente del país, sorprendió que las primeras reacciones de los sectores políticos no se dirigieran a dimensionar la gravedad de lo descubierto sino que el foco mediático y de la opinión pública se concentró en el cruce de acusaciones y señalamientos de culpabilidad entre voceros de los gobiernos del presidente Juan Manuel Santos y del expresidente Álvaro Uribe. Mientras que desde la actual administración se alegaba que la anterior cometió errores crasos y muy costosos en la asignación y reasignación del proyecto, esta última replicaba que su sucesora no tuvo el ojo avizor en la ejecución de la megaobra, y que fue en esa instancia en donde se produjeron la mayoría de sobrecostos y anomalías.

Igual ocurrió esta semana, una vez la Fiscalía anunció la captura de un ex viceministro de Transporte del anterior gobierno al que sindica de haber exigido a la multinacional brasileña Odebrecht un soborno por 6,5 millones de dólares para asegurar que esa compañía se quedaría con la licitación para la construcción del segundo tramo de la Ruta del Sol, lo que en efecto ocurrió. El ente acusador también indicó que para establecer el destino de otros sobornos por más de 5 millones de dólares se tiene la lupa puesta sobre otra serie de contratos en los que hay participación de la misma empresa y que fueron concretados durante la administración Santos.

Tras las revelaciones de la Fiscalía comenzó otro capítulo de cruce de acusaciones y señalamientos entre el uribismo y el santismo, rifirrafe en el que incluso terminaron involucrados los hijos del mandatario y su antecesor. De uno y otro lado las huestes parlamentarias anunciaron sendos debates de control político e incluso una ofensiva de acciones penales, disciplinarias y fiscales contra los de la otra orilla… En medio de esas discusiones salió a relucir de nuevo el tema Reficar y la sindicación mutua sobre las cuotas de responsabilidad y culpabilidad de cada una de las administraciones.

Ante la gravedad de ambas situaciones, la opinión pública está exigiendo respuestas claras y contundentes, no sólo de los dos gobiernos durante los cuales sucedieron tales casos de corrupción, desgreño administrativo y afectación presupuestal, sino una acción efectiva de la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría para que se individualicen las responsabilidades y se avance en los drásticos castigos correspondientes.

Pero para que ello sea posible, es necesario que no se politicen los procesos ni estos se conviertan en un nuevo pulso entre Gobierno y oposición. Todo lo contrario tanto Santos como Uribe han urgido que las investigaciones se aceleren y ofrecido todo su apoyo para develar a quienes en sus respectivos mandatos violaron la ley, ya sea por acción u omisión. Manifiesta tal voluntad, entonces hay que actuar en consecuencia y pasar de las palabras a los hechos. Por ejemplo, en lugar de seguir por el desgastante camino del cruce de acusaciones y el debate a cual más altisonante, bien podrían ambos bandos movilizar a todos los funcionarios y exfuncionarios para establecer el cómo, cuándo, dónde y quiénes están involucrados en los casos que están bajo la lupa. Igual podría, en un acto de madurez y que enviaría el mensaje a la sociedad de que la justicia y la transparencia están por encima de las diferencias políticas, suscribirse una declaración conjunta pidiendo a los entes de control y vigilancia que ambos procesos sean asumidos por equipos exclusivos, tal como ya ocurre en otros países para el caso de los sobornos de la multinacional Odebrecht.

Como se dijo, el pleito político no puede ni debe distraer el avance de las pesquisas o, peor aún, tratar de sembrar alrededor de estas la sombra de politización. Ya el país sufrió en épocas recientes las nefastas consecuencias de titulares de los entes de control que eran matriculados en tal o cual orilla política, generando una peligrosa desinstitucionalización de las respectivas entidades y una lesión a los principios de majestad e imparcialidad de la justicia.

La corrupción y el desgreño presupuestal son flagelos muy peligrosos y la batalla del Estado contra ellos requiere de la máxima cantidad de consenso político alrededor de los temas más fundamentales para la sociedad, así como de la suma de voluntades de sus líderes, por más diferencias que tengan. Es la hora de demostrar esa grandeza.