Las recomendaciones del Fiscal General frente a la Justicia Especial para la Paz en la Comisión Primera de la Cámara, deben quedar resueltas antes que el proyecto llegue a la plenaria. Para ello se creó una comisión que analizará las dudas del ente investigador.
Las recomendaciones del Fiscal General a la Jurisdicción Especial para la Paz generó polémica dentro de la Comisión y pese a ello se votó el proyecto de acto legislativo que tuvo 25 votos a favor. El fiscal Néstor Humberto Martínez solicitó que el artículo 5º del proyecto que dará vida al modelo de justicia transicional debe ser escrito de manera más rigurosa para evitar darles beneficios a disidentes y evitar un choque con la justicia ordinaria.
En carta enviada al presidente de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, Telésforo Pedraza, Martínez expresó que al no atender sus recomendaciones se generará un choque con la justicia ordinaria, pues no quedaría claro qué jurisdicción investigaría y procesaría los crímenes cometidos después del 1º de diciembre de 2016, día que se estableció como fecha límite para la investigación de los hechos ocurridos a lo largo del conflicto. "El Fiscal General advierte que la norma no establece claramente que los beneficios penales de la JEP deben cobijar exclusivamente a los efectivamente desmovilizados de las Farc-Ep”.
Conocimiento
"Los delitos continuados en que eventualmente puedan incurrir las personas desmovilizadas, deben ser de conocimiento de la jurisdicción ordinaria cuando se extiendan más allá́ del 1º de diciembre de 2016”, dijo Martínez.
Sostuvo que la prohibición de extraditar a quienes se sometan a la JEP se extiende a los disidentes, al establecer que es un beneficio “para todos los integrantes de las Farc". En pocas palabras, pide aclarar, gramaticalmente, que esos beneficios no se extiendan a quienes sigan delinquiendo.
Otro de los puntos del texto de la reforma constitucional que criticó el fiscal, fue la interpretación que se le da al régimen del fuero presidencial. "La norma, como está escrita en el proyecto, establece que la JEP enviará a la Cámara de Representantes los hechos que conozca y que comprometan a una persona que haya ejercido la Presidencia”.
“Para la Fiscalía es claro que el artículo 174 de la Constitución define que la Cámara de Representantes conoce de los hechos u omisiones ocurridos en el desempeño de las funciones presidenciales, de tal suerte que la comisión de investigación y acusación carece de competencia para asumir el conocimiento de actos en que haya incurrido un Presidente fuera del cuatrienio en el que ejerció́ su periodo presidencial", señaló el Fiscal General de la Nación.
Sostiene Martínez que las investigaciones disciplinarias y fiscales también deben ser asumidas por la JEP, y que es de vital importancia aclarar los alcances de los beneficios que entrega la justicia transicional.
A estas inquietudes, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, tomó la palabra y manifestó que “todas y cada una de las observaciones del señor Fiscal General de la Nación, las recibe el Gobierno con toda la atención y con todo el respeto, allí no hay ninguna diferencia de fondo”.
Agregó que “tanto la Fiscalía como el Gobierno compartimos la esencia del proyecto, si ustedes miran toda y cada una de las preocupaciones, vuelvo e insisto en algunos casos se podrán solucionar en el desarrollo reglamentario de la JEP, en otros habrá que precisar los términos”.
Anotó también el Ministro que “compartimos que los disidentes de las Farc, por ejemplo si el señor Gentil Duarte se está movilizando hacia el Brasil y nuestra Fuerza Pública logra darle captura, y si está solicitado en extradición por los Estados Unidos, se irá extraditado porque no es sometido al acuerdo de paz”.
“La lista de los 7 mil 500 integrantes de las Farc que van a ingresar a las zonas veredales transitorias serán entregadas al Gobierno, y quienes no están en esa lista no están en el proceso de paz”, dijo el Ministro.
El Fiscal tomó la palabra y manifestó que “yo entiendo que el trámite parlamentario permite que en el tránsito de Comisión a plenaria con un tiempo que es muy adecuado de 15 días, podamos mirar con el rigor jurídico que amerita las circunstancias las proposiciones que deben ser consideradas por la plenaria de plenaria de la Cámara”.
Y acotó que “como el propósito de la Fiscalía es contribuir de la mejor manera a la consolidación de la jurisdicción de transición, esa es una decisión de mecánica que favorece al enriquecimiento de esta iniciativa, y estaremos atentos a la convocatoria. Sería muy grato que en esa comisión haga presencia el Centro Democrático para construir con todas las bancadas del Congreso una idea que pudiera traducir un consenso en torno a la Justicia transicional”.