Inflación regulatoria afecta costos de banca | El Nuevo Siglo
Foto Agence France Press
Domingo, 22 de Enero de 2017
Redacción Web con AFP

La ausencia de un adecuado análisis costo-beneficio ha conllevado “inflación regulatoria” sobre el sector bancario, la cual afecta negativamente el proceso de inclusión financiera regional, revela un informe de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, ANIF.

El reporte conocido por EL NUEVO SIGLO y que fue preparado por el Centro de Estudios Económicos para la Federación Latinoamericana de Bancos, Felaban, señala que los sobrecostos regulatorios drenan recursos de inversión en servicios financieros, los aspectos de mayor impacto han tenido que ver con los límites a las tasas de interés (topes regulatorios) adoptados en Colombia, implicando sacrificios hasta de 14 puntos porcentuales en rentabilidad patrimonial; los temas de requerimientos de capital, con sacrificios hasta de 14 puntos porcentuales; y temas de requerimientos de mayor liquidez con significativo impacto en bancos de tamaño mediano.

Al corte de 2016, el sistema financiero colombiano se encuentra conformado por 25 entidades bancarias, las cuales concentran el 92% de los activos y el 93% de la cartera de los establecimientos de crédito.

En este total, hay 15 bancos locales (con el 72% de los activos y el 73% del crédito bancario) y 10 bancos extranjeros (con el 28% de los activos y el 27% del crédito).

En términos de profundización financiera, la relación cartera bruta total/PIB de los bancos se ubica en el 43%.

 

Hay ‘inflación regulatoria’

El documento señala que muchas veces se adoptan disposiciones regulatorias sin realizar previamente el mencionado análisis costo-beneficio ni dimensionar las cargas operativas derivadas de las mismas.

Por tal motivo, la ‘inflación regulatoria’ que afecta al sector bancario a nivel internacional, entendida como el creciente cúmulo de normas que regulan esta actividad sin contemplar con antelación sus cargas operativas respecto a los beneficios que pueden generar, ha acarreado elevados costos para las entidades y para la inclusión financiera.

Esta situación ha sido particularmente relevante en el período poscrisis financiera, donde las autoridades globales han estado activas en el diseño de nueva normatividad.

De esta manera señala el estudio de ANIF, se identifican dos tipos de costos regulatorios: de oportunidad y operativos. Los primeros están relacionados con los recursos que el sistema bancario destina exclusivamente para cumplir con exigencias regulatorias. Allí sobresalen los requerimientos relacionados con el capital y la liquidez establecidos por Basilea III, cuyo cumplimiento involucra la inmovilización de considerables recursos que pueden ser asignados hacia usos alternativos más productivos para la banca.

Por su parte, los costos operativos hacen referencia a los recursos que el sector utiliza para desarrollar procesos tendientes al cumplimiento de la normatividad. En este caso, cabe destacar los costos asociados a la contratación de personal especializado para adelantar las gestiones internas referentes al cumplimiento de las nuevas disposiciones; los nuevos desarrollos tecnológicos, operativos y contables y la contratación de diversos tipos de asesorías y consultorías para el diseño de procesos que faciliten el cumplimiento y la adopción de dichos requerimientos.

Dichos costos, operativos y de oportunidad terminan drenando recursos que impactan los estados financieros de la banca.

 

Difícil inclusión

De acuerdo con el Estudio de Demanda para Analizar la Inclusión Financiera, se concluye que el 54% de los individuos (y el 40% de los microempresarios) recurren al crédito informal en Colombia. De este total, el 64% de los individuos (y el 70% de los microempresarios) señalan la “autoexclusión” como la principal razón para no tener acceso al crédito formal.

Si se supone que la mitad de estos “auto-excluidos” podría migrar al sector financiero formal y si el porcentaje de rechazo “puro” aplicable a esta población es cercano al 90% (dado que son sujetos de crédito de elevado riesgo que no cuentan con información financiera de fácil verificación), se puede inferir que el banco “piloto” podría incrementar sus colocaciones de la cartera de consumo en cerca de un 3% adicional.

En otras palabras, si se liberaran las tasas de interés para el portafolio de consumo respecto a la tasa máxima regulada, la banca podría gestionar mejor el riesgo de sus deudores potenciales, incrementando su cartera en el 21%.

La tasa máxima regulada representa una restricción al crédito para los individuos que no tienen acceso al mismo, bien sea porque sus solicitudes son rechazadas por los bancos o debido a que se “autoexcluyen” y recurren al sector informal. Estas implicaciones del límite máximo regulatorio representan un costo de oportunidad para el sector bancario y afectan negativamente el proceso de inclusión financiera local.