La reacción histérica en redes sociales y medios de comunicación de la semana que acaba de pasar corrió por cuenta de la libertad por vencimiento de términos que se le concedió a Víctor Maldonado, uno de los procesados por la estafa de Interbolsa.

La agitación fue de los dos lados. Unos celebrando como gran triunfo jurídico la obtención de esa libertad; y, otros, denostando de los abogados, la Fiscalía, la administración de justicia y hasta del país por haberlo permitido. Cálmense: Ni tanto que queme al santo, ni tan poco que no lo alumbre.

La peor es la reacción de los medios. Por alharaquienta y por desinformadora. Era de esperarse que a estas alturas de la vigencia del Sistema Oral Acusatorio los redactores judiciales ya les hubieran enseñado a sus directores que libertad e impunidad no son sinónimos cuando el proceso está vigente y no ha finalizado el juzgamiento del acusado.

Una libertad por términos no es un fracaso del sistema de justicia. Al revés, lo realiza. Lo que es un verdadero fracaso de todas las garantías demoliberales que ha costado tanta sangre conquistar, es que a la gente la capturen y priven de la libertad para investigarla. Si el país, y los medios ayudaran a hacer pedagogía de ello, se tomarán el derecho humano de la presunción de inocencia en serio, protestaría cada vez que se captura una persona para simple indagación.

Hay excepciones como la flagrancia y los delitos de violencia contra las personas, donde la detención debería ser regla, pero en la mayoría de los asuntos, es mejor que investiguen primero, enjuicien después y al final, solo al final, si el ciudadano es declarado culpable en sentencia ejecutoriada, lo priven de la libertad para pagar su condena, si a ello hay lugar.

En el caso específico de Interbolsa, como en otros macroprocesos, lo que ha quedado claro es que el Código de Procedimiento Penal no sirve para juzgamientos múltiples. Para eso debe haber Estatutos Especiales. Si un abogado mañoso es capaz de enredar un proceso, imagínense 15 en la misma actuación, donde no es justo que a defensores y procesados leales, les carguen las consecuencias de las actuaciones de otros.

Los abogados mañosos no están solo en las bancadas de la defensa. Hay fiscales que imputan lo que no es, solo para poder capturar o imponer una medida de aseguramiento. Y hay Jueces y Magistrados que son capaces de calificar como maniobra dilatoria una petición justa, por extensa o compleja.

Si la Fiscalía no corriera a capturar o a solicitar capturas de las personas involucradas en el escándalo de cada semana, sino que esperara reflexivamente a tener estructurado un caso -que es para lo que está diseñado el Sistema Acusatorio- tendría menos apuros en los juicios y éstos andarían más rápido.