Colombia tiene un total de 6.301 kilómetros de fronteras terrestres con Brasil, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela. Una parte de estas áreas limítrofes se encuentran en plena selva con intercambios económicos y poblacionales casi nulos, pero la restante es, por el contrario, supremamente dinámica en flujo migratorio, actividad comercial e integración binacional. No en pocas ocasiones se ha advertido que estas áreas en nuestro país han estado particularmente abandonadas, dominadas por grupos armados ilegales, narcotráfico y contrabandistas o sufriendo los rigores de una institucionalidad deficiente y la ausencia estatal.

Si se analizan las conclusiones del Informe Defensorial  sobre las Zona de Frontera, revelado la semana pasada por la Defensoría del Pueblo y la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), habría que concluir que pese a toda la legislación de los últimos años, los distintos planes emprendidos por los sucesivos gobiernos para superar el atraso en las zonas de frontera y la mayor cantidad de recursos destinados a las mismas, el panorama no ha mejorado sustancialmente.

Por ejemplo se asegura que pese a los esfuerzos realizados por instituciones regionales y locales en materia de atención, asistencia y reparación integral, persisten las brechas en el acceso de las víctimas del conflicto armado a la oferta institucional, en tanto que la protección de sus derechos fundamentales para la prevención y mitigación de los riesgos asociados a la guerra y los flujos migratorios irregulares continúa siendo deficiente.

De igual manera se concluyó que más allá de los “esfuerzos consignados” en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, el Conpes 3805 y en el Plan de Prosperidad para las Fronteras de Colombia, en los cuales el Gobierno nacional en los dos últimos periodos ha concentrado esfuerzos para el impulso económico y social de estas zonas así como para la integración binacional y la reducción de las brechas socioeconómicas, persisten múltiples retos para el alcance de estos objetivos.

No menos grave resulta, según el informe, que aun cuando hay un desarrollo normativo y jurisdiccional para la protección y supervivencia de los grupos étnicos, el Gobierno tiene que hacer más efectivos y eficientes los mecanismos de atención a estas comunidades asentadas en zonas de frontera, en pro de mejorar sus condiciones de vida y su protección física, cultural y territorial.  Tanto para la Defensoría del Pueblo como la Acnur es evidente que las instituciones de zonas fronterizas requieren un fortalecimiento para la implementación de políticas y programas que garanticen el acceso a derechos fundamentales y la superación de la pobreza extrema. Se resalta, por ejemplo, que el Índice de Necesidades Básicas  Insatisfechas en zonas de frontera está por debajo del promedio nacional en temas como vivienda, alimentación, generación de ingresos y empleabilidad, especialmente en comunidades étnicas.

De igual manera, el informe sostiene que las víctimas del conflicto armado en el exterior no reciben información oportuna y suficiente para acceder a la reparación integral, ello debido al limitado contacto con los respectivos consulados. A esto se suma que urge fortalecer la respuesta humanitaria y de protección de los derechos humanos a la población migrante. También se evidenciaron muchas dificultades en el acceso a los servicios básicos y derechos fundamentales de los connacionales que retornan a Colombia. 

Por último, pero no menos importante, está el hecho de que el informe recalca que Colombia se ha transformado en un país receptor de personas con necesidades de protección internacional que quieren solicitar refugio o asilo. Para ello se recomienda reforzar el marco legal de protección así como las capacidades institucionales de las autoridades locales en zonas de frontera con el fin de atender a esta población vulnerable.

Como se ve se trata de un diagnóstico bastante preocupante que pone en evidencia que los distintos planes, programas y leyes adoptados para mejorar los índices de calidad de vida y atención a las poblaciones de frontera no han dado los resultados esperados. Lo más grave es que mientras ello continúe la violencia, pobreza, exclusión social y ausencia de autoridad seguirán imperando, afectando a millones de personas. El Gobierno en su conjunto y el Congreso deben sentar posición respecto a las conclusiones de este informe, que tiene a la ONU a bordo, y trazar una ruta de acción en torno a las recomendaciones puntuales que se hacen para enfrentar las distintas problemáticas. No hacerlo sería un craso error.