Cortocircuito institucional

La suerte del proyecto de ley aprobado por el Congreso, eliminando el cobro por reconexión de los servicios públicos domiciliarios a las familias de los estratos 1, 2 y 3, es una fiel muestra de esos insólitos cortocircuitos que existen en la institucionalidad colombiana.

La iniciativa fue radicada a mediados de 2015, es decir, hace más de año y medio. Desde entonces superó los cuatro debates que debía surtir como proyecto de ley ordinaria. Aprobado en la Comisión VI del Senado en octubre del mismo año, la plenaria le dio su respectiva bendición en diciembre. La Comisión VI de la Cámara asumió entonces su estudio y también le dio vía libre en mayo del año pasado, quedando pendiente de un último sí en la plenaria de esa corporación, que se le dio en octubre pasado. Dado que los articulados de cada una de las cámaras legislativas eran distintos, el proyecto pasó a la instancia de conciliación. A finales de noviembre ésta se viabilizó con apoyo mayoritario tanto en Senado como en Cámara. Por ejemplo, en el primero hubo votación de 53 a favor y ninguno en contra.

De esta forma la iniciativa pasó a sanción presidencial en medio del beneplácito de todos los congresistas que consideraban tal medida como un acto de “justicia social”, toda vez que muchos hogares de clase media y baja tienen que resignarse a no contar con los servicios de agua, luz y gas domiciliario porque físicamente no tienen con qué pagar la factura mensual y mucho menos los costos de reconexión que cobran las empresas prestadoras. Una y otra vez el autor del proyecto, el senador Lido García, y los ponentes en los cuatro debates insistieron en que esta reforma a la Ley 142 de 1994 no afectaba los ingresos y la sostenibilidad financiera de las empresas, ya que éstas continuaban con el cobro de los cargos básicos del cargo fijo y básico de consumo.

Sin embargo, si se revisa el trámite del proyecto se encuentra que tanto en junio como en octubre del año pasado, según las gacetas del Congreso, los ministros de Vivienda y Hacienda realizaron sendas observaciones sobre las implicaciones de la iniciativa -ya para entonces en último debate-. El primero sostuvo que “la propuesta entra en clara contradicción con este criterio pilar de la norma en cuanto los usuarios que pagan sus servicios tendrían que asumir los costos en que la empresa debe incurrir para hacer el corte o suspensión y posterior reconexión o reinstalación del servicio a los usuarios incumplidos. Es decir, los usuarios cumplidos tendrían que asumir costos como si estuviesen incumpliendo sus obligaciones, aspecto que no se ajusta a los criterios tarifarios definidos en la ley y resulta en consecuencia inequitativo”. Y el segundo no sólo reiteró los mismos argumentos y explicó la estructura de los subsidios a los servicios públicos de los hogares de más bajos recursos, sino que recalcó que “la propuesta de ley requiere recursos del Estado para su financiación que no son cuantificables ni se encuentran programados recursos en el Marco de Gasto de Mediano Plazo del sector social, ni en el Marco Fiscal de Mediano Plazo de la Nación. Además, contrario a lo establecido en el artículo 7° de la Ley 819 de 2003, no se observa que se hayan incluido ni los costos fiscales de la iniciativa ni la fuente de ingreso adicional generada para el financiamiento de los costos que ocasiona la iniciativa”.

Lo cierto es que el Congreso, en donde el Gobierno tiene las mayorías parlamentarias, no atendió tales observaciones y dio vía libre a la iniciativa, defendiéndola como uno de los logros sociales más importantes de la legislatura y teniendo una respuesta muy positiva en la opinión pública.

Así las cosas, el proyecto pasó a sanción presidencial semanas atrás, pero ahora, alegando que vulnera el principio de solidaridad, el Gobierno lo objetó y devolvió al Congreso, repitiendo los mismos argumentos ministeriales ya referenciados. ¿Qué hará el Legislativo? Lo lógico sería que no aceptara las objeciones como no lo hizo antes con los conceptos de Vivienda y Hacienda. Si esto es así, le tocará a la Corte Constitucional dirimir quién tiene la razón.

El problema es que, en el entretanto, muchas familias del país se habían hecho grandes expectativas alrededor de una iniciativa que consideraban muy positiva, pero que ahora ven caerse en medio de un rifirrafe insólito entre un Gobierno y sus mayorías parlamentarias, que funcionan muy bien para unos propósitos, pero para otros generan cortocircuitos como el descrito. Gajes de la política colombiana.