En la Sala Plena de esta semana la Corte Constitucional espera resolver la demanda a la Ley que creó las Zidres (Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social), por medio de la cual el Gobierno pretende que se desarrollen baldíos de la nación en regiones alejadas y de difícil acceso, después de que el miércoles pasado no se pudiera celebrar la discusión porque estaba enfermo el conjuez Germán Quintero.

La demanda fue presentada en junio pasado por el senador del Polo Democrático Jorge Robledo, sin embargo estando al límite de tiempo de que disponía para resolverla el alto Tribunal votó el pasado 11 de noviembre, teniendo como base la ponencia que presentó el magistrado Luis Ernesto Vargas, que solicitó tumbar varios artículos de la norma.

Cuatro magistrados votaron a favor de la exequibilidad de la ley de Zidres, aunque con algunos acondicionamientos, en tanto que los otros cuatro togados votaron por el hundimiento en su totalidad de esta ley.

Ante el empate que se presentó la Corte se vio en la necesidad de suspender el término de la demanda y además designar un conjuez con el fin de resolver la paridad, el jurista Germán Quintero, quien es vicerrector de la Universidad Sergio Arboleda.

Ahora es justamente el conjuez el que se enfermó y se espera que él esté repuesto en su salud para que esta misma semana la Corte Constitucional defina la exequibilidad o no de varios artículos que fueron demandados.

Uno de los artículos de esta Ley que en la ponencia el magistrado Vargas consideró que es inconstitucional es el que modifica las reglas de la Unidad Agrícola Familiar (UAF), pues quienes han acumulado baldíos que superan esta Unidad pueden conservarlos y adelantar proyectos productivos.

La ponencia del magistrado Vargas de igual forma restringe las Zidres no sólo en los resguardos indígenas y zonas de reserva campesina, sino también en los territorios colectivos indígenas que estén en proceso de titulación.

El senador Robledo y los demás accionantes indican en la demanda que con la Ley de Zidres se vulnera el principio de cosa juzgada constitucional porque se reproduce el contenido de artículos de la Ley 1450 de 2011, que fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional.

En este sentido se hace referencia, entre otros, a la prohibición de adelantarse proyectos productivos dentro de estas zonas a las personas que ostenten propiedad sobre bienes inmuebles adjudicados como baldíos después de la expedición de la Ley 160 de 1994; a la habilitación al Ministerio de Agricultura para orientar y focalizar los estímulos e instrumentos de política a los proyectos productivos que suscriban en las Zidres.

Mientras que el senador Alberto Castilla, también del Polo Democrático, manifestó que “las Zidres cambian el sentido de la normatividad, reforman la Ley 160 del 94, donde los baldíos de la nación deben ser objeto de reforma agraria, entregársela al campesinado, y en este caso bajo el argumento de que no se cede la propiedad, se le entrega al empresariado para que desarrolle un proyecto a perpetuidad, son 20, 30 años de duración del proyecto y que se pueden renovar”.

Polémica

El proyecto de ley  de las Zidres impulsado por el Gobierno nacional fue aprobado  en el Congreso de la República en medio de las críticas del Polo Democrático y otros partidos minoritarios, así como organizaciones campesinas y sociales porque, indicaron, de esta forma se estaría entregando a los grandes productores del campo los baldíos, que por Constitución están reservados a campesinos sin tierras.

Sin embargo, el Gobierno argumenta que la intención de esta ley es desarrollar cerca de 7 millones de hectáreas en zonas apartadas de centros urbanos, en donde la tierra requiera grandes inversiones para empezar a producir, sin infraestructura y vías de acceso, que por lo tanto no sería viable a los campesinos acceder a ellas sin contar con el respaldo de los grandes productores.

“Esta es la ley más audaz de nuestra historia para garantizar el desarrollo del campo. Iniciamos el camino para convertirnos en la despensa de alimentos del mundo”, dijo el jefe de Estado el 29 de enero del año 2016, al momento de sancionar la Ley 1776 de 2016.