Campanazo de Fiscal sobre JEP | El Nuevo Siglo
Jueves, 19 de Enero de 2017

La alerta que ayer dio en la Comisión I de la Cámara de Representantes el fiscal general Néstor Humberto Martínez sobre los vacíos del proyecto de acto legislativo que crea la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) tiene muchas implicaciones.

En primer lugar, pone de presente que el afán gubernamental por hacer aprobar de sus mayorías parlamentarias, incluso teniendo ya la vía rápida legislativa, los proyectos para la implementación normativa del acuerdo de paz con las Farc está  poniendo en riesgo la institucionalidad y el propio proceso. Pese a que el Ejecutivo aseguró que esta iniciativa, que es columna vertebral del pacto al contener todo el marco jurídico excepcional, había sido revisada al detalle para evitar vacíos o incongruencias, las observaciones del Fiscal sacaron a flote falencias de fondo en el articulado.

Según el Fiscal, el proyecto abre un boquete para que los beneficios penales de la justicia transicional no sólo se apliquen a los guerrilleros que se desarmen y desmovilicen, sino también a los que no se sometan al proceso de paz o que habiéndolo hecho reincidan luego en la delincuencia. No se entiende cómo es posible que Gobierno y Farc así como los parlamentarios no advirtieran semejante riesgo, más aún cuando crece la preocupación por las disidencias de varios cabecillas y cuadrillas guerrilleras, sobre todo en las zonas con mayor densidad de narcocultivos y tráfico de drogas. Dejarles a estos grupos rebeldes una ventana abierta para que puedan acogerse caprichosamente a beneficios como cero cárcel o elegibilidad política lo único que haría es reciclar la violencia y alejar la posibilidad de una paz estable y duradera.

Igual vacío se advierte en cuanto a la prohibición de la extradición, un beneficio que sólo debe aplicarse a quienes se reinserten a la vida civil y no a los guerrilleros disidentes. El problema es que, según la Fiscalía, el proyecto establece esta prerrogativa para todos los integrantes de las Farc, sin ninguna diferenciación o condición.

Pero hay más. El Fiscal advirtió que tampoco está claro cuál será el tratamiento de los delitos continuados cuyos efectos se extiendan más allá del 1 de diciembre de 2016, cuando entró en vigencia el acuerdo con las Farc. Esto es un riesgo muy alto para la seguridad jurídica de todo el proceso. 

Igual de trascendental resulta precisar en el proyecto el verdadero alcance de la JEP en cuanto al fuero judicial de quienes han ocupado la Presidencia de la República, pues tal como está redactado el respectivo artículo la prerrogativa de juzgamiento por parte del Congreso se extiende a todos los delitos cometidos por dicha persona en cualquier circunstancia de modo, tiempo y lugar, y no sólo a aquellos durante su respectivo periodo, como lo ordena el mandato constitucional.

Y como si lo anterior fuera poco, la Fiscalía recalcó que el proyecto que crea la JEP no aclara cuál es el tratamiento que se dará a los terceros que tuvieron relación directa o indirecta con el conflicto, sin formar parte de las organizaciones armadas. Este es, sin duda, uno de los temas más delicados de la jurisdicción especial por cuanto se dirige a los civiles que financiaron o colaboraron de manera consciente y voluntaria con guerrilla y paramilitares. Y, por último pero no menos importante, Martínez indicó que el articulado no contempla un cierre judicial de todas las investigaciones que se desarrollen al amparo de la JEP, contrariando uno de los principios básicos de la justicia transicional.

Como se ve, no son menores ni de forma los peros del Fiscal General al proyecto más importante de la implementación normativa del acuerdo de paz. Aunque el Gobierno y los ponentes indicaron que las observaciones de Martínez serán tenidas en cuenta en la ponencia para segundo debate en la plenaria de la Cámara, falta ver si tales correctivos al articulado se concretan finalmente e, incluso, si los voceros de las Farc los aceptan. 

No es la primera vez que el Fiscal alerta sobre asuntos a tener en cuenta dentro del proceso de paz, pues había dado otros campanazos respecto al auge de los narcocultivos, el alcance de la justicia transicional y la urgencia de decomisar la fortuna de las Farc para reparar a sus víctimas.

Tanto en estos temas como en lo relativo a la JEP es evidente que obviar las advertencias del ente acusador sería no sólo una incoherencia jurídica de grado sumo sino un tiro en el pie para un proceso de paz que por su trámite accidentado, tanto en la negociación como en la refrendación de lo pactado, ya de por sí arrastra un pesado lastre de ilegitimidad e incredulidad.