La Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, será objeto de una auditoría fiscal por parte de la Contraloría General de la República con el fin de aclarar todo lo referente a los contratos suscritos entre el Estado colombiano y la firma brasileña Odebrecht.

Se supo que la entidad de vigilancia mirará con lupa los contratos otorgado para la construcción del tramo II de la Ruta del Sol, de la carretera Gamarra, Cesar; y Ocaña, Norte de Santander, entre otras obras que son emblema de la presencia en los últimos años de Odebrecht en el país.

Igualmente la ANI anunció que realizará una auditoría externa con el fin de dar claridad a los procesos que se adelantan en la entidad de elaboración de proyectos de infraestructura.

Los contratos entregados a la firma brasileña son parte de un escándalo de corrupción, sin precedentes en la historia del país, por la entrega de coimas, sobornos, a funcionarios públicos y a dirigentes políticos que se han visto nombrados en las investigaciones que adelantan las autoridades judiciales.

La historia de este escándalo que estremece al empresariado y a la política del país se inició en diciembre de 2016 cuando Odebrecht se declaró culpable ante una Corte de Estados Unidos por violar normas a través del pago de sobornos para la adjudicación de obras en su país de origen, Brasil. Estas declaraciones destaparon redes de corrupción en diferentes países  en donde la organización tenía presencia.

En la audiencia, Odebrecht admitió que en Colombia, país en el que está desde hace 24 años, hizo pagos por US$11 millones para que le adjudicaran obras de infraestructura como La Ruta del Sol y el tramo de la carretera Ocaña-Gamarra.

Odebrecht reconoció que pagó coimas no solo en Colombia, también lo hizo en Angola, Argentina, Brasil, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú y Venezuela.

Luego de estas confesiones, la Fiscalía se comprometió a dar una “guerra frontal” contra la corrupción dando como primeros resultados las capturas de García Morales, exviceministro de Transporte y Otto Bula, exsenador del Partido Liberal.

Como producto de este procedimiento la semana pasada fue capturado en el norte de Bogotá el exviceministro de Transporte, Gabriel García Morales, y quien de acuerdo con la investigación, habría recibido US$6,5 millones por garantizar que Odebrecht obtuviera la licitación del Tramo II de la Ruta del Sol. García aceptó los cargos de cohecho, celebración indebida de contratos y enriquecimiento ilícito, motivo por el cual no tendrá juicio y podrá acceder a rebaja de pena.

García fue trasladado a un pabellón de la cárcel La Picota mientras se le define su situación.

El caso Bula

El segundo capturado por los sobornos de la constructora brasileña fue el exsenador por el partido Liberal Otto Nicolás Bula, de quien según se dice, fue quien recibió un soborno de US$4,6 millones para incluir en el contrato de la vía Ocaña-Gamarra una serie de condiciones que permitieran una contratación directa y no a través de una licitación pública.

Se conoció que este no es el primer hecho de corrupción en el que Otto Bula se ve inmerso. Desde 1998 hasta el año 2006, Bula ocupó la curul de Mario Uribe, primo del expresidente Álvaro Uribe, quien salió del Congreso por parapolítica, Bula ha negado todo tipo de negocios con Uribe, sin embargo durante la audiencia de imputación de cargos Uribe fue mencionado 20 veces.

De otro lado, Otto Bula, de acuerdo con el portal Verdad Abierta, está involucrado en la compra de la finca Oso Negro y otras tierras en Montes de María, inmersas en el conflicto armado, adquiridas a muy bajo costo, por la presión de la violencia. Las tierras fueron registradas a nombre de Agropecuaria Montes de María, empresa que no existía cuando Bula firmó las compraventas.

Ayer se aplazó la audiencia en la que el Juez 82 de Garantías de Bogotá definiría la medida de aseguramiento en contra del exsenador.

El juez valora los argumentos de la Fiscalía, de la defensa del procesado, del Ministerio Público, y de las víctimas para determinar si se hace necesaria la medida de aseguramiento para Otto Bula.

En el marco de las investigaciones, la Fiscalía señaló que el exsenador representa un peligro para la sociedad, además de un riesgo de entorpecimiento para el proceso penal si llegase a permanecer en libertad.

Se estableció también que los abogados del exparlamentario están avanzando en un acuerdo de colaboración con la Fiscalía General de la Nación.

Nada que ver

El congresista conservador por el Cesar Alfredo Cuello Baute, a través de un comunicado de prensa manifestó que “no conozco al señor Martorelli ni a ningún funcionario o persona que tenga relación con la empresa Odebrecht”.
Cuello fue nombrado por el director de Odebrecht en Colombia, Eleuberto Martorelli, quien trabaja el Principio de Oportunidad con la Fiscalía.

Cuello en su comunicación señala que “no conozco al señor Otto Bula y nunca me he reunido con él en ninguna circunstancia”.

Por su parte el senador del partido de La U Bernardo Miguel Elías, negó haber tenido reuniones con el excongresista Otto Bula por el caso Odebrecht.

También ayer ante la Fiscalía rindió entrevista bajo declaración juramentada el empresario Juan Manuel Barraza, quien fue en su momento exsuperintendente general de Puertos dentro de la investigación por el escándalo del pago de sobornos de Odebrecht.

Con esta diligencia se busca avanzar en la ubicación de los bienes y los dineros que habría recibido el exviceministro de Transporte Gabriel García, quien aceptó su responsabilidad en los delitos de celebración de contratos, cohecho y enriquecimiento ilícito.

A entrevista

La exministra de Transporte, Cecilia Álvarez-Correa, fue llamada por la Fiscalía a una diligencia de entrevista dentro de la investigación que realiza por el caso de los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.

En su cuenta de Twitter la exministra respondió: No he recibido oficialmente comunicación de entrevista ante la @FiscaliaCol, pero he ofrecido toda mi colaboración cuando se requiera.

La citación está relacionada con una adición que se hizo al contrato para la ampliación de la carretera Ocaña-Gabarra, en Norte de Santander.