Este lunes, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina , informó que por cuenta de la ocupación UCI que hay en la ciudad, esta tendrá un toque de queda a lo largo de la semana.

Este aplicará desde este martes 19 de enero hasta el viernes 22 y aplicará desde las 8:00 pm hasta las 5:00 am del día siguiente.

Estado de urgencia manifiesta 

El Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública de la Alcaldía de Santiago de Cali, en cabeza de su directora María del Pilar Cano Sterling, aclaró a la comunidad en general que la ‘urgencia manifiesta’ es una figura de carácter legal y es declarada a fin de tomar acciones inmediatas para conjurar la crisis.

El Decreto 537 de 2020, expedido por el Gobierno Nacional y vigente en virtud de la emergencia sanitaria por covid-19, extensiva hasta el 28 de febrero de 2021, también establece la ‘urgencia manifiesta’. “Decir lo contrario equivale a desconocer la normativa y la situación actual que estamos viviendo”, enfatizó la funcionaria Distrital.

Según explica la doctora Cano Sterling, la alerta roja que vivimos y la alta ocupación en Unidades de Cuidado Intensivo (UCI) de la ciudad, “nos obliga a tener medios de contratación que nos permitan agilizar la adquisición de bienes, obras o servicios que se requieran, pues nos debemos a la comunidad y tenemos que salir a solventar todas sus situaciones”.

La Directora Jurídica de la Alcaldía de Santiago de Cali explicó que a partir de la declaratoria de ‘urgencia manifiesta’, la Administración Distrital puede adquirir medicamentos y atender la situación que en materia de Salud Pública se vive en la capital vallecaucana, además del tema relacionado con la seguridad alimentaria.

“Hemos tenido que limitar la movilidad de las personas, con las excepciones que se tienen que prever para la satisfacción de las necesidades, lo que indudablemente impacta a la comunidad, particularmente a los sectores menos favorecidos”, argumentó la funcionaria.

Finalmente, María del Pilar Cano Sterling enfatizó que la Administración que lidera Jorge Iván Ospina se mueve dentro un criterio de legalidad. “Nosotros estudiamos cuidadosamente toda la contratación que se realiza, la cual se reporta a los entes de control. Nos movemos en el marco normativo que se establece”, concluyó la directora del Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública.