Aunque los radicales izquierdistas peruanos, presuntamente impulsados por sus pares bolivianos, entre ellos el expresidente Evo Morales mantienen sus violentas protestas, el Congreso de Perú apuesta por el gobierno de Dina Boluarte, que en un mes al mando no sólo cedió en adelantar las elecciones generales, sino que ha propiciado el diálogo con todos los sectores para solucionar la crisis política y social que enfrenta desde meses atrás.

La mandataria que enfrenta dos investigaciones de la Fiscalía por los 40 fallecidos que han dejado los violentos enfrentamientos de enardecidos manifestantes con la fuerza pública en el sur del país, en la conflictiva región del Puno bajo, que permanece bajo estado de emergencia tras la jornada violenta del lunes, que cobró 23 vidas.

La presidenta Boluarte, que se ha fijado como meta tranquilizar el país para que avance a la transición electoral que, por norma constitucional, no podrá realizarse sino en los primeros meses del próximo año, ha instando a los radicales progresistas concentrados en los bastiones del destituido y encarcelado Pedro Castillo, a permitir que se cumpla lo acordado, a saber, el proceso congresional para anticipar los comicios generales, que normativamente tarda 10 meses.

Por su demostrada capacidad de diálogo, reconciliación y realización de obras inaplazables en el país - especialmente de infraestructura- Boluarte, quien acaba de ajustar un mes en el cargo (7 de diciembre pasado), sometió su segundo gabinete al voto de confianza del Parlamento, recibiendo un aval mayoritario.

Con 73 votos a favor, 42 en contra de la izquierda y seis abstenciones, el Congreso dio su confianza al gabinete liderado por el recién nombrado primer ministro, Alberto Otálora, quien había fungido inicialmente como ministro de Defensa y reemplazo a Pedro Angulo, a quien la novel mandataria destituyó solo once días después de su nombramiento.

Ante el pleno del hemiciclo y con un tono conciliador, Otálora expuso su programa de gobierno inmediato, un decálogo de diez prioridades entre las que destacan la finalización de dos ambiciosas obras de infraestructura que facilitarán la comunicación y salida de productos desde el llamado Perú profundo hacia la capital y el resto del país.

Hace unos días, el primer ministro había adelantado los ejes de su exposición: educación, lucha contra la corrupción y el destrabe de los proyectos de inversión.

“Se va a anunciar una serie de medidas económicas concretas que van a ayudar a utilizar saldos lamentablemente devueltos en esta gestión que acaba su ejercicio fiscal 2022 y usarlos en lo que hemos llamado ‘Con punche Perú’”, manifestó, en días pasados.

El premier estoicamente escuchó en silencio la protesta de un grupo de congresistas de la izquierda que con gritos de “asesinos” y “gabinete manchado de sangre” responsabilizaron a la presidenta Boluarte y a su equipo de gobierno de las muertes ocurridas en el sur del país.

Esa inusual manifestación fue liderada por el líder del partido Perú Libre, Vladimir Cerrón, quien llevó a Castillo al poder. Tras ella criticó la votación: "Sobre los 40 muertos, se dio la confianza al gabinete de la muerte con 73 votos a favor. Como dice la canción: ¡Que a esos cuantos no lo olviden fácilmente!".

Tras cinco horas de exposición, debate y la señalada protesta, Otálora junto a sus ministros recibieron el aval de las bancadas de Fuerza Popular, Acción Popular, Alianza para el Progreso (APP), Renovación Popular, Avanza País, Somos Perú y algunos congresistas no agrupados, logrando más de la mayoría simple requerida, que era de 62 ‘sies’. En contrario, las de izquierda votaron en contra.

Siguen bloqueos

Las protestas de sectores radicales continuaron ayer en el sur andino de Perú con bloqueos de carreteras y velatorios masivos de los muertos que dejaron choques con las fuerzas de seguridad, mientras Estados Unidos pidió "moderación" a todas las partes.

Al mismo tiempo una misión de observación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llegó a Lima para evaluar "la situación de derechos humanos en el marco de las protestas sociales", que se extienden a otras zonas como la capital turística, Cusco.

En medio de la tensión social, la fiscalía abrió una investigación por presunto delito de "genocidio" a la presidenta Dina Boluarte, que impuso un toque de queda en la región andina de Puno para frenar las manifestaciones violentas, que solo entre lunes y martes dejaron 17 muertos civiles y un policía quemado dentro de su patrulla, informó la institución.

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El epicentro de las protestas se encuentra en la región aymara de Puno, en la frontera con Bolivia, donde miles de pobladores recorrieron las calles de Juliaca con ataúdes de las 17 víctimas civiles del lunes.

Los féretros de color blanco y marrón fueron cargados por sus allegados. Cada uno lucía una fotografía y una bandera de Perú cubriéndolo por completo.

En la procesión se multiplicaban escenas de rabia y dolor de personas que empezaban a despedir a sus muertos y prometían seguir la lucha hasta conseguir la renuncia del que consideran ilegítimo gobierno de Boluarte, el que vale recordar no es y que la líder política no buscó.

Perú declaró duelo nacional ayer en honor a las víctimas de región Puno, donde el martes el gobierno decretó tres días de toque de queda nocturno en un intento por contener las protestas.

Los bloqueos de rutas se extendieron a ocho de las 25 regiones del país, afectando a Tacna, Moquegua, Puno, Cusco, Apurímac, Arequipa, Madre de Dios y Amazonas, según la Superintendencia de Transporte Terrestre.

En Cusco, la turística capital del Imperio inca, la policía dispersó con gases lacrimógenos a cientos de pobladores, entre ellos campesinos, que procuraban tomar el aeropuerto de la ciudad luego de movilizarse para pedir la salida de la presidenta.

En Arequipa, segunda ciudad de Perú ubicada al sur del país, centenares marcharon también contra el gobierno.

En Tacna, en la frontera con Chile, se inició un paro indefinido que estuvo marcado por episodios de vandalismo como la quema de casetas de peaje vehicular y el intento de saqueo a un centro comercial. La región Puno inició hace una semana un paro indefinido reclamando la renuncia de Boluarte, elecciones presidenciales y legislativas inmediatas y convocatoria a Asamblea Constituyente. Los gobiernos regionales de Puno y Cusco exigen la dimisión de Boluarte como primer paso para solucionar la crisis.

Visita de CIDH

Los comisionados de la Cidh fueron recibidos por Boluarte en el Palacio de Gobierno, sede del Ejecutivo peruano.

"Vamos a verificar la situación de los derechos humanos. Lamentamos la pérdida de vidas en las protestas", dijo Edgar Stuardo Ralón, quien preside la misión que permanecerá en Perú hasta el 13 de enero y se reunirá con autoridades, víctimas y familiares en Lima, Ica y Arequipa.

Boluarte fungió como vicepresidenta hasta el 7 de diciembre de 2022, cuando el Congreso destituyó a Castillo luego de que intentara cerrar el parlamento, intervenir el sistema judicial y gobernar por decreto.

Castillo, que era investigado por corrupción, cumple 18 meses de prisión preventiva dictados por un juez bajo cargos de rebelión.

Según el gobierno, el expresidente boliviano Evo Morales está ligado a las protestas, razón por la cual le prohibió ingresar a Perú hasta nuevo aviso. Morales, que presidió Bolivia entre 2006 y 2019, ha tenido una presencia activa en la política peruana desde que el exmandatario izquierdista Castillo llegó al poder en julio de 2021.

Las protestas cumplen una semana luego de una tregua de fin de año. En su mayoría pacíficas, algunas han degenerado en actos violentos como tomar por asalto aeropuertos y ataques a locales públicos. Estados Unidos pidió "moderación", que se reduzca "al mínimo" el uso de la fuerza frente a las manifestaciones en Perú y respaldó la apertura de una investigación sobre los hechos violentos.

"Reconocemos el derecho a la protesta pacífica y la expresión de quejas a través de canales democráticos, y hacemos un llamado a la calma, al diálogo y a que todas las partes ejerzan moderación y no violencia", afirmó un portavoz del Departamento de Estado.

“Apoyamos el compromiso del gobierno peruano de investigar todas las muertes y garantizar que sus fuerzas de seguridad respeten la ley y el orden, de acuerdo con los derechos humanos y la legislación peruana", añadió.